Las tareas que ya no pueden esperar

Cuando el Gobierno en funciones insta a que se forme uno cuanto antes esgrime básicamente dos motivos: la urgente necesidad de aprobar los Presupuestos de 2017 y de renovar con la Comisión Europea el compromiso de cumplimiento del déficit público. Dos cuestiones de las que dependen asuntos como la revalorización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios y los presupuestos de autonomías y ayuntamientos, encargados de la mayor parte del gasto en Sanidad, Educación y servicios sociales. Y son solo dos de las tareas que más apremian al país.

El Gobierno debe aprobar el límite de gasto del Estado y elaborar su proyecto de ley de los Presupuestos Generales del próximo año antes del 1 de octubre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2017. Un Ejecutivo en situación de interinidad no tiene competencias para ello, y por tanto, sin tiempo para ello, tendrían que prorrogarse las cuentas de 2016. Eso significa que las partidas se mantendrían sin variaciones, lo que supondría una congelación de las pensiones y del salario de los funcionarios, que el PP tenía previsto subir un 0,25% y un 1% respectivamente.

Sin haber fijado el techo de gasto, repartido el límite de déficit entre las administraciones, aprobado los Presupuestos y definido los anticipos a cuenta y las transferencias finalistas, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos pueden elaborar sus propios Presupuestos. De hecho, buena parte de ellos ya están criticando la situación de parálisis en que se van a quedar por este bloqueo político. Cabe recordar que buena parte del gasto público, como en educación, sanidad y servicios sociales, dependen de estos dos niveles de la Administración.

El Gobierno debe enviar del mismo modo a la Comisión Europea antes del próximo 15 de octubre su proyecto para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. A pesar del incumplimiento del límite de déficit público en 2015, el Ejecutivo comunitario decidió no multar a España, pero va a estar más vigilante. De hecho, si en ese plazo no presenta un ajuste creíble de gastos e ingresos, de unos 15.000 millones de euros, Bruselas podría acabar imponiendo al Estado una multa mayor que la que iba a aplicarle el pasado julio, pasando de 2.000 millones (el 0,2% del PIB) previsto entonces a unos 5.000 millones de euros (el 0,5%).

La sanción a España por parte de la Comisión Europea no se limitaría a una multa directa. El Ejecutivo comunitario estudia además congelar la entrega de 1.000 millones de euros en fondos estructurales. Este dinero sirve para financiar, región a región, infraestructuras de transporte y otra obra pública, cursos de empleo y ayudas a sectores como la agricultura, al tejido empresarial y a la innovación. Solo si un Ejecutivo ya nombrado presenta esas medidas para cumplir con la senda de déficit público, Bruselas podría repensar el desbloqueo de esos fondos para el desarrollo de las regiones menos favorecidas de la UE.

El Gobierno acumula sin transponer al ordenamiento jurídico español una veintena de directivas de la Comisión Europea porque necesita hacerse con rango de ley, y un Ejecutivo en funciones no puede presentar ni aprobar proyectos de ley. Aunque cabe esperar cierta comprensión por parte de Bruselas ante esta situación, el Gobierno de la UE podría acabar sancionando también a España por este motivo.

La situación de parálisis de la Administración central ha frenado en seco la adjudicación de obra pública, que retrocedió durante el primer semestre un 19,8% respecto al mismo periodo de 2015, según datos del Ministerio de Fomento. Esto supone un varapalo para el desarrollo de nuevas infraestructuras, la mejora o mantenimiento de las actuales y, en definitiva, la actividad económica y el empleo.

La incapacidad de un Gobierno en funciones para renovar los órganos de máxima dirección de organismos económicos clave como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede alterar el normal funcionamiento del mercado. La situación particular del supervisor bursátil, cuya presidenta y vicepresidenta cesan el próximo 6 de octubre, es un claro ejemplo, según explicó el pasado jueves el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Si no se nombran sucesores, la CNMV no podrá autorizar operaciones como ampliaciones de capital, salidas a Bolsa y emisiones de renta fija. O lo que es lo mismo, cerrará una importante vía de financiación para las empresas españolas.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social afronta una situación crítica. Después del desembolso para el pago de la extra del pasado julio, cuenta solo con fondos por 24.207 millones de euros, y en diciembre habrá que volver a recurrir a ella para pagar a los pensionistas. La ausencia de Gobierno hace que no se estén tomando medidas para tratar de corregir ese vaciamiento de la «hucha» de las pensiones. Solo un Ejecutivo con plenos poderes puede convocar el Pacto de Toledo, donde se debe abordar una reforma de la financiación de las pensiones, que según todos los analistas será una de las primeras que deberá abordarse en la siguiente legislatura por ser ya ineludible.

Se avecina un otoño caliente en Cataluña. A finales de este mes el Tribunal Constitucional empezará a decidir si inicia una causa penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por la aprobación del documento para que Cataluña inicie el proceso de desconexión de España. Pese a que jurídicamente puede actuar, en ese momento el Gobierno de España carecerá de todas sus competencias políticas para afrontar este desafío.

La falta de Gobierno y el bloqueo político que vive el país mantiene en un nivel muy bajo la acción exterior del Ejecutivo en funciones. Y esto en un momento en que la Unión Europea debe abordar el proceso de salida de Reino Unido, lo que se presenta como un reto para el futuro del Viejo Continente pero también como una oportunidad para las aspiraciones de España de ganar peso en la Unión.