El Supremo mantiene a Dolores Delgado como fiscal general y rechaza estudiar los recursos de PP y Vox

Dos de los siete magistrados, José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca-Herrero, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular, que, al igual que la sentencia, se conocerá en los próximos días. Ambos consideran que se debía haber entrado en el fondo. La ponente, Pilar Teso, cuyo nombre ha barajado el Gobierno para presidir el Supremo, había propuesto la desestimación de los recursos como había pedido la Abogacía del Estado, que consideró que «la invocación de la libertad individual, el Estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático (a los aludían PP y Vox) no confiere ningún título que legitime la interposición» del recurso.

La falta de legitimación era una de las posibles opciones que estaban sobre la mesa y la que ha resultado menos comprometida para una Sala de mayoría progresista que ha evitado entrar a valorar los argumentos esgrimidos por PP y Vox para intentar tumbar un nombramiento que desde el primer momento estuvo marcado por la polémica. Delgado había pasado directamente desde el Gobierno a la Fiscalía General y apenas dos meses después de que en unas declaraciones públicas el jefe del Ejecutivo estableciera una relación de dependencia entre el Ministerio Público y el Gobierno con aquella célebre frase: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso».

A ello se suma el exiguo respaldo que obtuvo por parte del Consejo General del Poder Judicial, que por doce votos a favor y siete en contra se limitó a examinar los requisitos legales exigidos para el cargo de fiscal general sin aludir intencionadamente a la idoneidad de la candidata del Gobierno.

Los populares argumentaban en su recurso que la etapa de Delgado como ministra les afecta de lleno respecto a procedimientos judiciales abiertos pues «es pública y notoria su aversión» contra ellos y palmaria su «ausencia de objetividad».

Vox, por su parte, había fundamentado la impugnación en que el informe emitido por el CGPJ para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido» porque los vocales excluyeron el requisito subjetivo de la idoneidad, fundamental para avalar el «reconocido prestigio» que exige el artículo 29 del Estatuto fiscal.

El de Dolores Delgado era el segundo nombramiento de un fiscal general que aterrizaba en el Supremo. El precedente es el de Eligio Hernández, cuyo nombramiento fue anulado en junio de 1994 al considerar el Pleno que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Gobierno de Felipe González no debían computarse en los 15 que se requieren como jurista de reconocido prestigio. En aquella ocasión no se cuestionó la legitimación de los recurrentes porque no eran partidos sino que el recurso fue interpuesto por las asociaciones de fiscales. Precisamente, aludiendo a este precedente, un grupo de nueve magistrados de la Sala Tercera había pedido al presidente de la Sala, César Tolosa, que llevara el asunto a Pleno para que fuera estudiado por los veintisiete magistrados de la Sala y no por los seis de la Sección Cuarta, a los que se sumó el propio Tolosa para dirimir un posible desempate.