El Supremo confirma tres años de cárcel para Correa y Crespo por adjudicación ilícitas con Jérez en Fitur 2004

La sentencia mantiene la condena de siete años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación a Correa, pero absuelve del mismo a Pablo Crespo y los empleados del Grupo Isabel Jordán y José Javier Nombela, al entender que dicho delito se cometió con las adjudicaciones directas de los tres contratos, y, según se declaró probado, a ellos se les comunicó el acuerdo con posterioridad, habiendo intervenido exclusivamente en su ejecución.

Respecto a Nombela, el Supremo reduce de 2 años y 3 meses de prisión a 1 año y 3 meses de prisión la pena por cooperación necesaria en el delito de falsedad al considerar que la ilicitud de su conducta fue menor a la de quienes impartieron las órdenes y a la de los funcionarios. A Isabel Jordán, que no recurrió al Supremo, se le absuelve por extensión de la prevaricación, y le queda la pena de 1 año y 2 meses de prisión como cooperadora necesaria del delito de falsedad con las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y colaboración con la justicia.

Los hechos probados por la Audiencia destacaban que Francisco Correa, aprovechando su amistad con una persona, ya fallecida, que estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, obtuvo ilícitamente a favor de sus empresas Special Events SL y Down Town Consulting SL, la adjudicación de tres contratos, por importe total de 214.028,71 euros, referidos a la Feria Internacional del Turismo 2004, celebrada los días 28 de enero a 1 de febrero de ese año.

«La adjudicación se llevó a cabo en el seno del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez —Organismo Autónomo, dependiente del Ayuntamiento de Jerez-, y se hizo directamente vulnerando la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público», señalaba el relato de hechos. «Una vez terminada la feria, con el fin de encubrir la directa adjudicación y dotarla de una apariencia de legalidad, se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación antedatando las actuaciones e incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa».