El Supremo concede a Bassa el permiso para visitar a su madre en la UCI

La providencia dictada a tal efecto señala que será el centro penitenciario donde se encuentra la exconsejera, la prisión de Puig de les Basses de Figueres (Girona), el responsable de adoptar «las medidas de seguridad necesarias» para el desplazamiento al hospital, su permanencia en el mismo, y la vuelta a la prisión una vez terminada la visita autorizada.

La decisión adoptada por la Sala de Vacaciones, a cuyo frente se encuentra el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, se adopta una vez se han estudiado por los magistrados los informes favorables al permiso tanto en el centro penitenciario de Puig como de la Fiscalía.

La defensa de Dolors Bassa, ejercida por Mariano Bergés, presentó el miércoles una petición a la junta de tratamiento de la prisión del centro penitenciario y también ante el Tribunal Supremo solicitando un permiso puntual y extraordinario para poder asistir a la intervención quirúrgica

Bassa cumple prisión preventiva en el centro de Puig de les Basses en Figueres (Girona) desde el pasado 4 de julio , fecha en la que fue trasladada desde la cárcel de Alcalá Meco en Madrid tras la reubicación a cárceles catalanas aprobada para todos los presos preventivos de este procedimiento.

Se trata del primer permiso que se concede a un preso del proceso independentista, ya que en anteriores ocasiones el instructor de la causa, Pablo Llarena , ha rechazado este tipo de medida respecto de otros encausados como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el que fuera responsable dela Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

Sus peticiones fueron no obstante muy diferentes, ya que estaban relacionadas con asistencias al Parlament de Catalunya y en el caso de Bassa, la razón de salir por unas horas estaría amparada por la legislación penitenciaria .

En el auto de procesamiento, Llarena acusa a Bassa de poner al servicio del proceso independentista los locales pertenecientes a su departamento para que fueran centros de votación en el referéndum del 1-O pese a conocer la suspensión del Tribunal Constitucional.

De la investigación también se deriva que la Conselleria de Trabajo aportó dinero para los gastos de impresión de la papeletas y soportó igualmente gastos para elaborar censos y citaciones a quienes debían integrar las mesas electorales