El Supremo cita de nuevo a Garzón como imputado por cohecho y prevaricación

Los querellantes, dos abogados, le atribuyen los presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Según su tesis, el cohecho lo habría cometido al solicitar personalmente la subvención para los cursos, extremo que niegan tanto Garzón como la Universidad de Nueva York, organizadora de los ciclos de conferencias; la prevaricación se habría producido cuando, tiempo después, y ya de vuelta en la Audiencia Nacional, Garzón archivó una querella presentada contra el Banco de Santander, entidad de patrocinó los cursos de Nueva York. La Fiscalía, que ha pedido el archivo de esta querella, sostiene que los hechos no constituyen infracción penal alguna.

Una semana después de la declaración de Garzón, el día 21 de abril, Marchena ha citado a declarar a tres testigos de la acusación: M. M. Bernabé, que viajó a Nueva York como secretaria personal del juez; Laura Turégano, directora ejecutiva del Centro Rey Juan Carlos (un departamento de la universidad neoyorquina) y James D. Fernández, director del Centro entre 1995 y 2007. Estos últimos residen en Nueva York.

Lo cierto es que -si bien la imputación es el paso previo e imprescindible para que Garzón pueda declarar y defenderse así ante el Supremo de los delitos que se le imputan-, esta citación supone un nuevo revés para el magistrado, cuyo futuro inmediato está en este momento pendiente de un hilo.

Un auto decisivo

Está a la espera de que otro magistrado del Supremo, Luciano Varela, dicte el auto que supondrá el paso definitivo para que Garzón sea juzgado por algunas de las decisiones que tomó cuando instruyó la causa sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. En este procedimiento, el delito que se le atribuye es el de prevaricación y los querellantes son el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española. El fiscal tampoco ve aquí infracción penal alguna.

Esa resolución de Varela será también decisiva para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determine el futuro inmediato de Garzón. Una vez dictada, y una vez rechazadas las recusaciones presentadas por el propio Garzón contra tres vocales -algo que sucederá previsiblemente hoy-, el órgano de gobierno de los jueces no tendrá impedimentos para acordar su suspensión cautelar. Cuando eso suceda, Garzón ya no podrá ejercer su función jurisdiccional y deberá permanecer apartado del Juzgado.

A estas dos decisiones -la de Luciano Varela en la causa de la memoria histórica y la del CGPJ sobre la suspensión cautelar- se suma el derrotero que siga la tercera causa penal que tiene abierta Garzón en el Tribunal Supremo, y que se refiere a la intervención de las comunicaciones entre imputados presos y sus abogados defensores que ordenó cuando era instructor del «caso Gürtel».

Al igual que en las otras dos, la Fiscalía rechaza que pueda atribuirse al juez la comisión de delito alguno. El querellante es, en este caso, Ignacio Peláez, uno de los letrados que ejercen la defensa en el citado «caso Gürtel».