El Supremo abre causa penal a un consejero navarro por prevaricación y malversación

Los magistrados señalan que los hechos descritos en la querella presentada el pasado 2 de junio por Unión del Pueblo Navarro (UPN) pueden ser constitutivos de los delitos citados, por lo que declara su competencia para investigarlos. El instructor del procedimiento será Andrés Palomo.

La querella de UPN expone que el aforado, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad y sabiendo que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor Salud y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social –determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a concederle cinco nuevos. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de Davalor como de «interés foral», lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo.

La querella añade que Davalor Salud, en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo, destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.

En una comparecencia pública, el consejero Manuel Ayerdi reconoció en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor Salud obedeció a «una corazonada» y que tomó la decisión con un «carácter totalmente personal» , amparándose en un informe de la directora de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico, según los hechos recogidos en la querella.