Los socios de Sánchez se abren a negociar ahora el plan B del PP

«Estamos dispuestos a entrar a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo », avanzó Gabriel Rufián en rueda de prensa en el Congreso. El portavoz republicano justificó su apertura hacia los populares recordando, además, que el Ejecutivo no ha cumplido la promesa de buscar una alternativa al estado de alarma . Una condición que los socialistas asumieron hace ya casi un año tanto con ERC como con Ciudadanos para aprobar las últimas prórrogas del primer estado de alarma. «Nada de eso se ha cumplido», recriminó Rufián.

No fue el único. Tanto la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua , como el de Compromís, Joan Baldoví , o el de Más País, Íñigo Errejón , cargaron con acritud contra el inmovilismo del Gobierno tras más de un año de pandemia y dos estados de alarma de larga duración. «No es de recibo, ni siquiera es entendible, que estemos en esta situación y que el Gobierno no diga nada al respecto», cargó Aizpurua. « Es al Gobierno al que le corresponde liderar y poner los mecanismos necesarios para tener unas medidas que amparen a la ciudadanía », añadió. También Baldoví terció que el Ejecutivo debe contar con una alternativa al estado de alarma y que debe buscarse una solución escuchando a los presidentes regionales. « Si puede ayudar, aunque venga del PP, no estaríamos en contra ». Errejón se mostró partidario de explorar un mecanismo garantista para que no se dé el caos jurídico del verano pasado, aunque marcó distancias con la propuesta del PP. Primero dijo que lo estudiarán, pero añadió que ve aspectos «constitucionalmente delicados». «No estoy de acuerdo con que las medidas restrictivas se puedan trocear y decidir en función de la apetencia de cada uno».

Previamente, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, había defendido que el objetivo que persiguen al proponer la reforma de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública –el llamado plan B que rechaza el Gobierno– es «dotar a España y a todas las autoridades que tienen responsabilidades en la gestión de la pandemia de certidumbre, de confianza, de garantías para que se pueda llevar a cabo una desescalada garantizando los derechos y las libertades sin tener que recurrir a medidas extremas».

El texto recibió el martes el visto bueno de la Mesa del Congreso a su tramitación y ahora el Gobierno dispone de treinta días para dar su conformidad o vetarlo. Gamarra reclamó a Moncloa que responda con la máxima celeridad y no vete la reforma para que pueda ser debatida lo antes posible en la Cámara.

No obstante, por mucha prisa que se dé el Gobierno, y suponiendo que no se vete, el texto no llegaría a tiempo de entrar en vigor antes de que decaiga el estado de alarma. El partido de Pablo Casado ya elevó al pleno una propuesta de plan B el pasado mes de noviembre y fue rechazada por la mayoría de la Cámara Baja. Ahora, tras introducir algunos cambios en aquella, reclaman la tramitación por vía urgente y en lectura única para que las autonomías estén el menor tiempo posible sin herramientas jurídicas. Sin embargo, el texto afronta otro obstáculo: la posición de Vox. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, señaló ayer que no respaldarán ninguna reforma que se traduzca en un «recorte de libertades». «Vox no apoyará ni un estado de alarma ni ningún recorte adicional», dijo.

La suma de PSOE, Podemos y Vox supera la mayoría absoluta por lo que si vuelven a unir fuerzas, como sucedió con el decreto de los fondos europeos, tendrán capacidad para vetar el plan del PP. Tampoco está claro qué haría Cs, aunque fuentes del partido siguen viendo pegas a la restricción de derechos vía ley ordinaria. Ayer su líder, Inés Arrimadas, reclamó a Sánchez que asuma su liderazgo y «dé soluciones». Hay pendiente también una reforma de Cs para materializar una alternativa distinta a la del PP.