ERC sienta en la mesa de negociación a uno de los cerebros del «procés»

Durante el «otoño caliente» de 2017, cuando era secretario general de Economía del Gobierno catalán, el de Jové fue uno de los domicilios y despachos que registró la Guardia Civil. En su vivienda apareció un cuaderno Moleskine que se convirtió en una parte esencial de la investigación: con fechas que iban desde febrero de 2015 a noviembre de 2016, plasmaba el día a día de la preparación del «procés» y la implicación de los distintos actores en el proceso secesionista, desde los miembros del Govern hasta los líderes de las asociaciones e incluso antiguos cargos políticos.

Como informó entonces ABC, era la plasmación práctica del documento «Enfocats» y se apuntaba a dos grandes comités como ejes del proceso secesionista: uno Estrátegico y otro Ejecutivo. El juez instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena , pidió entonces a los investigadores de la Guardia Civil un informe individualizado sobre todos los implicados en la estrategia secesionista que aparecían en la agenda.

La libreta permitió que se abriera la investigación judicial a personas como Marta Rovira , entonces número dos de ERC, y a Anna Gabriel , que ejercía como presidenta del grupo parlamentario de la CUP en la Cámara catalana. Ambas se encuentran actualmente huidas de la Justicia en Suiza.

El diario demostraba que la estrategia independentista comenzó ya en 2015 y que en el proceso independentista estaban, además de los partidos nacionalistas, las entidades sociales ANC, Omnium Cultural y la AMI a través de sus máximos responsables, además de técnicos y asesores externos.

También había numerosas reflexiones de Jové. Entre ellas destacaba su idea de que debía ser ERC la que controlara los departamentos clave de la Generalitat para llegar a la independencia , aun a costa de renunciar a la Presidencia. Asimismo, dibujaba un camino para conseguir el objetivo en cuatro fases –preparación del Estado, reconocimiento internacional del mismo, creación de estructuras de Estado y medidas sectoriales– con una duración de 18 meses.