La Diputación Permanente del Congreso, en su reunión de ayer - JAIME GARCÍA

Sánchez da su palabra al PNV de que traspasará competencias antes del 28-A

El Gobierno reedita la mayoría de la moción de censura y convalida los seis decretos de los viernes sociales. Tres de ellos apoyados también por Cs

MadridActualizado:

El Gobierno socialista logró ayer reeditar la mayoría de la moción de censura y convalidar los seis decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros en los «viernes sociales» en la Diputación Permanente del Congreso (ver gráfico adjunto). Para conseguirlo, tuvo que comprometerse con el PNV a que algunas de las competencias pendientes quedarán traspasadas antes de las próximas elecciones.

El grupo vasco reclama que el transporte de cercanías y FEVE, innovación tecnológica, estudios de obras públicas, productos farmacéuticos, seguros escolares, ayudas a la jubilación de empleados afectados por ERE y escuelas viajeras queden en sus manos antes del 28 de abril. Alega que todas ellas deberían haber sido traspasadas ya en marzo, según un acuerdo previo alcanzado con el Gobierno, y su voto era ayer necesario para que los socialistas pudeiran convalidar los seis decretos-leyes.

Las conversaciones se produjeron en la más absoluta opacidad y la incertidumbre sobre el destino de tres de los decretos-leyes se extendió hasta la ahora de la votación, ya que el PNV mantuvo en al aire su posición ante las medidas para el alquiler de viviendas, la estiba y el superávit de autonomías y ayuntamientos. La falta de transparencia continuó una vez que ambas partes habían acercado posturas y los decretos-leyes habían quedado convalidados. Así, tanto la portavoz socialista, Adriana Lastra, como su homólogo en el PNV, Aitor Esteban, negaron cualquier acuerdo referente a competencias a la salida de la Diputación Permanente.

Intensificación de reuniones

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo y del propio grupo vasco confirmaron a este periódico no solo la existencia de negociaciones en este sentido sino también su intensificación a partir de este lunes por la noche, de cara a la votación. Esta negociación incluyó el intercambio de documentación y «propuestas». respecto al traspaso de algunas competencias pendientes. Y que esta aproximación permitió desencallar la situación. Aunque el PNV insiste en que no hay nada cerrado al 100 por ciento, se han desencallado algunas materias, entre ellas la autopista AP-68, que es además la única carretera que sigue sin ser de titularidad autonómica, informa Adrián Mateos.

De hecho, ante las preguntas de los periodistas, Esteban acabó admitiendo haber hablado a lo largo del día «con mucha gente de peso en el Gobierno» incluyendo la vicepresidenta, Carmen Calvo, y que estas conversaciones le permitieron «aclarar» la posición del Ejecutivo y optar por «confiar en la palabra de la gente». El Ejecutivo socialista, subrayó, «ha asegurado su buena voluntad». Esteban se jactó de que podría haber llegado a hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no lo hizo. Según el portavoz vasco, el traspaso de competencias se lleva «hablando desde hace mucho tiempo» pero al ver que «no se mueve queríamos aclarar el ambiente y si había disposición o no».

Una versión que no concuerda con la ofrecida por la portavoz socialista, quien aseguró que el «sí» del grupo vasco obedecía únicamente a las dotes del Gobierno para convencerle del contenido positivo de los decretos. «Así lo ha entendido el PNV» ha subrayado la también vicesecretaria general socialista, negando cualquier vinculación entre el traspaso de competencias y las votaciones parlamentarias.

El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a transferir 33 competencias al País Vasco a lo largo de la legislatura pero hasta la fecha aún no ha materializado el traspaso de ninguna. El debate de ayer también afloró la pelea que mantienen el PNV y Bildu por ver quién es más decisivo en Madrid, aunque con distinta estrategia. Así, mientras el primero mantenía la incógnita sobre su voto, el secretario general del segundo, Arnaldo Otegi, sacaba pecho desde el País Vasco de las numerosas llamadas recibidas en las últimas horas del PSOE. En esta idea se recreó la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, anunciando que esto es solo «una antesala de lo que EH Bildu pretende hacer en la próxima legislatura». Ambos grupos eran igual de decisivos ya que cada uno cuenta con un voto en la Diputación Permanente y el Gobierno necesitaba el respaldo de ambos.

Además del apoyo de sus socios de la moción de censura, el PSOE contó con el respaldo de Cs para tres de decretos. La formación naranja otorgó su «sí» a los textos de ampliación del permiso de paternidad, utilización del superávit de autonomías y ayuntamientos, así como medidas contra un Brexit sin acuerdo. La formación naranja se abstuvo en el subsidio para mayores de 52 años y mejoras para la estiba.

El PP votó en contra de la convalidación de todos los decretos-leyes y se quedó solo en esta posición en cinco de los seis textos. Ciudadanos solo coincidió con él en el rechazo al decreto de medidas para el alquiler. Ninguno de los textos será tramitado como proyecto de ley ya que el PP y el PSOE unieron fuerzas para bloquear esta posibilidad. Este recorrido hubiera permitido que los partidos políticos presentaran enmiendas para mejorar los decretos, pero el escaso margen temporal existente para culminar su aprobación hubiera impedido que llegaran a buen puerto y el trasfondo de la campaña electoral hubiera enturbiado con toda probabilidad los debates. Con la aprobación de los para el subsidio de los mayores de 52 años y la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas permiten al Gobierno socialista sacarse una espina que se le quedó clavada cuando ERC tumbó los Presupuestos de 2019, ya que ambas medidas figuraban en el proyecto.

Aluvión de críticas

El Gobierno, que ya no continuará con los «viernes sociales», logró convalidar todos los textos pero no salió a hombros de la Diputación Permanente, ya que le llovieron críticas tanto por las formas utilizadas como por las deficiencias de su contenido. A menos de un mes de las elecciones, el debate brindó a la oposición una oportunidad de oro para echarle en cara el abuso de las instituciones que todos los partidos aprecian en los «viernes sociales». Desde el principal socio del Ejecutivo, Podemos, hasta su mayor rival, el PP, la riña fue constante. La portavoz popular, Dolors Montserrat, acusó a Pedro Sánchez de utilizar los decretos como su «oficina electoral», mientras la diputada de Cs Patricia Reyes denunció que el Gobierno «coloniza» y«destroza» las instituciones, al tiempo que «denigra» la democracia. No salieron palabras mejores de la portavoz de la formación morada, Irene Montero. A su llegada denunció que el Ejecutivo «está utilizando las instituciones con fines partidistas». Coincidió con ella Esteban al considerar que «no es de recibo» aprobar decretos con las Cortes disueltas y sin consultar el contenido.