Sánchez asume la responsabilidad del caso Gali: «Hicimos lo que debíamos»

«Hubo una petición humanitaria para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir» , justificó Sánchez sobre la entrada de Gali, dirigente del grupo que busca la independencia del Sahara Occidental, la antigua colonia española bajo control de Marruecos, y que cuenta con apoyo de Argelia. «El Gobierno de España hizo lo que debía, y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley», dijo Sánchez sin dar más detalles sobre qué encuadre legal tuvo la entrada en España de Gali.

El dirigente del Frente Polisario voló hasta España en un avión de la presidencia de Argelia para ser tratado en un hospital público de Logroño, donde fue ingresado con una identidad falsa.

Su entrada y estancia en España fue investigada por Rafael Lasala, juez de instrucción de Zaragoza, que abrió las pesquisas hace cuatro meses por apreciar indicios de delitos de prevaricación y vulneración de la ley de fronteras en la operación ejecutada por el Gobierno de Sánchez.

Como resultado de ese procedimiento , llegó la citación como investigado de Camilo Villarino, entonces director de Gabinete de la ex ministra Laya, cesada por Sánchez a comienzos de julio tras varios escándalos diplomáticos.

Villarino apuntó hacia la ex ministra para explicar la cadena de órdenes que propició la entrada de Gali en España. Villarino fue quien instruyó al Estado Mayor del Aire de la operación. Según la investigación de Lasala, fue el teniente general Francisco Javier Hernández Sánchez quien arregló el aterrizaje de Gali en la base del Ejército del Aire en Zaragoza, donde el jefe del Polisario no fue sometido a control de pasaportes. En el momento de su entrada en España, Galo tenía causas penales abiertas con la Justicia española, entre otras por terrorismo y genocidio.

Tras su tratamiento en Logroño, Gali fue trasladado al aeropuerto de Pamplona, desde donde despegó hacia Argelia , de nuevo sin ser sometido a control de pasaportes.

Está por ver qué declarará Laya, cuya citación todavía no tiene fecha, sobre la cadena de mando que organizó la entrada de Gali y qué impacto podría tener en el presidente del Gobierno. Pero las declaraciones de Sánchez muestran que asume la responsabilidad y justifica la operación.

El presidente del Ejecutivo no contestó a la pregunta de si conocía que Gali entró en España con identidad falsa –«eso lo dice usted, ya veremos en qué queda», manifestó– y defendió la operación urdida por el Gobierno a pesar de las consecuencias diplomáticas que tuvo.

La llegada de Gali a España fue respondida por Marruecos con una apertura de fronteras en Ceuta que provocó una entrada masiva y caótica de inmigrantes en la ciudad española.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no quiso entrar a comentar la imputación de la exministra Laya en el caso Gali. «Estoy convencida de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, como hace siempre, habrá actuado con arreglo a la legalidad. Lo único que le puedo decir es que las decisiones de los ministerios la toma solo y exclusivamente los ministerios que intervienen en las mismas y desde luego ni el Ministerio de Defensa ni esta ministra, ni intervienen ni opinan nunca de actuaciones que no les conciernen», declaró.

Y añadió: «A mí nunca ningún ministro me pide opinión sobre lo que tiene que hacer. Cada ministro tiene sus competencias y tiene que hacer lo que crea que tenga que hacer en cada momento [...] No me cabe duda de que todos los ministros actúan conforme a la legalidad».

Una persona del círculo íntimo de Laya se puso este miércoles en contacto con ABC para realizar una serie de matizaciones sobre la exministra y su relación actual con Sánchez. «No es cierto que esté decepcionada con él, de hecho, le dio las gracias públicamente en su última comparecencia como ministra» , cuenta. Y añade: «Tampoco considera que Sánchez la haya dejado tirada».

La misma fuente explicó que Laya preside un grupo de sabios a petición del comisario europeo de asuntos económicos y que, como funcionaria comunitaria en excedencia, puede reingresar en la función pública europea cuando lo estime conveniente. «Lleva en excedencia desde antes de tomar posesión como ministra de Exteriores».

El puesto que ocupa Laya ahora mismo no es remunerado y, por ello, no tiene que renunciar a la indemnización compensatoria por cese como alto cargo, que en su caso dura 18 meses.

Sobre qué le dirá al juez o no, Laya todavía no ha decidido qué hacer. «No ha preparado ninguna estrategia», dice la misma fuente. La fecha y hora de su comparecencia ante el juez todavía no se ha fijado.