Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy
Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy - IGNACIO GIL

Rajoy responderá a 45 de las 46 exigencias soberanistas de Puigdemont

Encarga a sus ministros una respuesta «financiera, competencial y jurídica» sobre la viabilidad de las peticiones, excepto la convocatoria de referéndum

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La voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy de abrir una vía de diálogo con Carles Puigdemont es firme y en las últimas semanas no ha dejado de enviar señales en esa dirección. En La Moncloa se pretende cerrar una reunión entre el presidente del Gobierno y el autonómico en enero, y el objetivo es que ese encuentro sea productivo y no acabe en otro diálogo de sordos. Para ello, desde La Moncloa se ha ordenado a todos los ministerios que hagan los informes correspondientes sobre las peticiones que Puigdemont trasladó a Rajoy en la reunión del 20 de abril, y precisar así la viabilidad real de cada una de ellas, según fuentes de Presidencia.

En aquella reunión, Puigdemont entregó al presidente un listado con 46 exigencias, el doble de las que planteó Artur Mas en julio del año anterior. El documento se divide en cuatro bloques: «La relación Cataluña-España», «La garantía de los derechos sociales», «El incumplimiento del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción de Gobierno», y «Evitar la judicialización de la política». El más conflictivo es el primero, pues es donde se exige el respeto a un referéndum de independencia.

Se espera un «gesto»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó en el Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo está dispuesto a hablar de 45 de los 46 puntos: todos menos el del referéndum, por ser ilegal. Más claro no lo pudo decir: se puede hablar y negociar, y está dispuesta a sentarse a una misma mesa para analizar los otros 45 puntos. Lo que el Gobierno espera ahora es que se produzca algún «gesto» del Ejecutivo autonómico sobre su disposición a abrir un diálogo.

La lista de Puigdemont quedó aparcada cuando se recibió en La Moncloa. El Gobierno estaba en funciones, y Rajoy no podía tomar ninguna iniciativa al respecto, hasta que hubiera un Gobierno formado con plenitud de facultades. Pero en cuanto fue investido presidente, a finales de octubre, la respuesta del Ejecutivo se reactivó, ahora desde una nueva perspectiva. Rajoy encargó a Sáenz de Santamaría los asuntos territoriales, y en concreto la respuesta del Gobierno para frenar a los independentistas, y se puso en marcha lo que se conoce como «operación diálogo» en Cataluña.

Conferencia de presidentes

Al mismo tiempo, se encargó a los ministerios que elaboraran informes técnicos de todas las peticiones del Ejecutivo autonómico catalán. Son informes de viabilidad financiera y jurídica sobre cada propuesta, sobre el efecto que tendrían en el sistema competencial actual y su ajuste en el marco actual. También se está analizando el impacto que tendrían en relación con el resto de las Comunidades Autónomas, porque una clave que quiere preservar Rajoy es «el principio de igualdad» de los españoles. «No queremos que se rompa ese principio, y estamos analizando qué efecto tendrían en ello las medidas propuestas por Puigdemont», comentan en La Moncloa.

La Conferencia de presidentes autonómicos, prevista para el 17 de enero, sería una buena ocasión para tratar algunos de los asuntos expuestos en el listado de Puigdemont, y que podrían afectar a varias comunidades, como los relativos a las políticas sociales (financiación de la sanidad, por ejemplo), o la política fiscal y financiera (modelo de financiación, limitación de medidas tributarias o acceso al crédito). También el modelo educativo o la reforma Judicial, o el punto relativo a «los papeles de Salamanca».

El Consejo de Justicia de Cataluña, la acción exterior o el modelo catalán del comercio son puntos más conflictivos, pero el Gobierno sigue dispuesto a abordarlos, desde el respeto a la ley y el «principio de igualdad».