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Puigdemont pide al Tribunal General de la UE que reactive su inmunidad tras el paso al frente de Llarena

La defensa del expresident acude 'in extremis' a la justicia europea ante el riesgo de que Italia proceda a su entrega

Puigdemont, en Cerdeña tras comparecer ante la juez de Sassari Vídeo: EP
Nati Villanueva

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Cuando faltan tres días para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acuda a su cita con la juez de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña), donde está citado para comparecer por la orden de detención cursada por el juez Llarena, su defensa ha recurrido este viernes al Tribunal General de la Unión Europea solicitando que se restablezca su inmunidad, algo que este mismo tribunal le negó el pasado 30 de julio. Según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas, el escrito ha sido registrado en la Secretaría de este Tribunal General hace apenas unas horas.

La petición del prófugo se produce veinticuatro horas después del oficio que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió a la juez italiana reclamando la entrega del procesado por sedición e informando de que no goza de inmunidad, por lo que debe ejecutarse esa orden de entrega con independencia de lo que más adelante resuelva el tribunal de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial que el propio magistrado planteó sobre el cumplimiento de la euroorden que se tramitaba en Bélgica. En su resolución del pasado julio, en el que rechazó la medida cautelar solicitada por Puigdemont ante el bajo riesgo que había de que fuera detenido, el Tribunal General dejó la puerta abierta a que la defensa volviera a instar esta medida.

Ayer jueves, en el oficio remitido a la juez italiana, Llarena planteó el hipotético escenario de que tras la presentación de estas cautelares el Tribunal General accediera a concederlas antes de la comparecencia del prófugo el próximo lunes. Para el supuesto de que esto ocurriera, el magistrado español solicitaba a Italia que suspenda la tramitación del proceso de entrega iniciado pero adoptando las medidas precisas para garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando Puigdemont haya dejado de disfrutar el privilegio de la inmunidad. Es decir, que bien decrete su ingreso en prisión o que al menos le impida salir de Italia salvo para los desplazamientos que cubra esa inmunidad (al Parlamento Europeo en su sede de Bruselas o de Estrasburgo).

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