Puigdemont incorpora a su estrategia de ataque a España la comparación de Iglesias con el exilio republicano

Fuentes de la defensa de Puigdemont sostienen, en declaraciones a ABC, que las palabras de Iglesias se pueden enmarcar en un «contexto político» y que aunque aisladamente consideradas no demuestran nada, sí lo hacen en un contexto en el que se ven divergencias de opiniones respecto a la «injusta» condena de los presos del «procés». «¿Considera realmente a Puigdemont un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo? ¿Los puede comparar?», le preguntaron en una entrevista en La Sexta. «Pues lo digo claramente, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera ni la forma ni que lo que hiciera pueda ser indiferente al derecho. Pero creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones».

El equipo jurídico de Puigdemont todavía tiene que reunirse para ver de qué forma hacen valer esas declaraciones. A su juicio, el momento es ahora, no en el juzgado, sino en el Parlamento Europeo, donde se está tramitando su suplicatorio tras salir elegido diputado en las elecciones de 2019, en pleno juicio del «procés» y con su orden de busca y captura cursada por el Tribunal Supremo. En estos momentos la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento tiene que debatir un informe que, en caso de ser aprobado, se sometería ya directamente a la aprobación del Pleno. En el marco de los trámites que cumple esta comisión, el propio Puigdemont compareció el pasado jueves para defender su inmunidad como parlamentario intentando eludir así su entrega a España, paralizada precisamente tras los comicios europeos.

Fuentes de la defensa del prófugo aseguran que cuando hace diez días Bélgica denegó la entrega del también exconsejero de la Generalitat Lluis Puig lo hizo apoyándose, además de en la falta de legitimidad del Tribunal Supremo para reclamarle, en el «riesgo de vulneración de su presunción de inocencia». Esas fuentes opinan que ese riesgo precisamente viene motivado por las declaraciones de autoridades políticas que, «antes de ser juzgados, ya les llamaban golpistas». Extrapolado ese riesgo de vulneración de la presunción de inocencia a este caso, miembros del equipo jurídico del «expresident» consideran que el hecho de que haya divergencia de opiniones en España, incluso en el seno del Ejecutivo, puede beneficiarle. A diferencia de un asesinato, en el que todos están de acuerdo en que el asesino es un asesino, en este caso no está claro, dicen, que la actuación de quienes han sido condenados por sedición fuera delictiva.