Puigdemont ignora al Estado y diseña ya el formato del referéndum

Ayer mismo, el Gobierno recordó, obviamente, que la soberanía nacional no se trocea : el acuerdo es imposible, zanjó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Como quien empieza a correr contra un muro con los ojos vendados, Puigdemont confirmó que se barajan dos posibles fechas, el 17 o el 24 de septiembre , preferiblemente esta última, habiendo descartado el 10 de ese mes, aseguró, para que no se le acuse de querer aprovecharse de las movilizaciones de la Diada, como tantas otras veces ha hecho el soberanismo. Puigdemont también aclaró que la idea, a diferencia de la consulta del 9-N, cuando se planteó una doble y enrevesada pregunta, es un referéndum con pregunta directa sobre la independencia , a la que responder «sí» o «no».

Como ya expresó esta semana en la Cámara catalana, Puigdemont apuntó que tratará de pactar el referéndum con el Estado, pero solo en cuanto a sus términos, lo que, aseguró, podría implicar aplazar la fecha, aunque nunca como una «maniobra dilatoria». Puigdemont anunció que el 10 de octubre dará una conferencia en Madrid para explicar sus planes.

En cualquier caso, la principal preocupación del secesionismo es que el referéndum propuesto no se convierta en una repetición de la consulta del 9-N de 2014, una gran movilización independentista pero sin efectos jurídicos. Sin aclarar cómo afrontará la segura suspensión que el Tribunal Constitucional hará de la convocatoria, Puigdemont, en Rac1, aseguró que «el resultado que salga nos vincula», de modo que si gana el «sí», «la consecuencia es la proclamación de la independencia».

Fue el consejero Raül Romeva, al que se ha encargado la organización del referéndum -Oriol Junqueras se responsabiliza del diseño- quien dio más detalles. Ante la negativa del Estado a pactarlo, Romeva expuso que se realizará sobre la «legalidad catalana» , lo que hará, apuntó en una entrevista en el diario «ARA», que los «funcionarios queden amparados» y se pueda contar con un censo, uno de los problemas precisamente de la consulta de 2014. La oferta de pacto al Estado «no es eterna» y caducará el julio de 2017, añadió Romeva. Se puede negociar la fecha, «lo que no es pactable es si se hace o no», remachó.

Otro asunto clave es el de la participación mínima, más cuando de manera previsible los no independentistas, como en el 9-N, no se movilizarán. Al respecto, comienza a abrirse paso entre el soberanismo la idea de que la única manera de que el «no» participe es extender la idea de que, aún con el Estado en contra, la Generalitat está decidida, cueste lo que cueste, a hacer efectiva la independencia. Con todo, Puigdemont apuntó que «con un 25% de participación no vamos a ninguna parte» , añadiendo que la pretensión es aprobar una ley específica que lo regule «siguiendo los estándares internacionales».

La CUP, al respecto, lo tiene mucho más claro. Su portavoz parlamentaria, Anna Gabriel, apuntó la manera para que los partidarios del «no» se movilicen en la consulta: «La gente tiene que ver que esto no será una consulta popular, sino que será un referéndum vinculante , que haremos prevalecer su resultado» y que «no se establecerán porcentajes de participación mínima». La CUP, por otra parte, aseguró que su condición para aprobar los Presupuestos de la Generalitat es que contengan una partida para el referéndum.

Desde el Gobierno, la respuesta fue tajante. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, descartó ayer negociar ningún aspecto del referéndum sobre la independencia de Cataluña que pretende convocar Carles Puigdemont. «A la soberanía nacional no se le puden poner comas ni condiciones», advirtió la vicepresidenta después de la reunión del Consejo de Ministros. Lo que pide Puigdemont, explicó, «no lo podemos negociar nosotros , ni el Congreso, ni el Senado porque no es nuestro, ni desde luego de Puigdemont».

«No es una cuestión de que nos sentemos a una mesa por una coma o para quitar una coma, porque a la soberanía nacional no se le pueden poner comas ni condiciones, es incondicional, soberana y está por encima de todos nosotros», defendió Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta señaló que Puigdemont encontrará siempre al Gobierno para hablar de cuestiones como la negociación del FLA o los fondos para el pago de proveedores. «Aunque no nos venga a buscar, nosotros salimos», apuntó.