El PSOE no incluye la «nación catalana» en su reforma constitucional

Finalmente, ni Pedro Sánchez ni el resto de los barones aceptan la «nación» catalana, como quería el PSC, pero sí «racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado». Un Estado al que el PSOE atribuye la garantía última «de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales (...) así como la igualdad en el territorio en el que se resida».

Los socialistas quieren que «los elementos fundamentales» del sistema de financiación autonómica figuren en la Carta Magna y no en la actual ley orgánica (LOFCA). Y que sus principios rectores sean: «autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial». Eso sí, después de obligar a que haya «niveles similares de servicios públicos» en las 17 comunidades, el PSOE acepta la petición del PSC de incluir el principio de «ordinalidad» , la principal queja catalana: «que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia».

Respecto al artículo 135 de la Constitución, el relacionado con la estabilidad presupuestaria que se reformó en 2011 con el apoyo del PSOE y el PP, los socialistas proponen de nuevo su reforma , en esta ocasión para «incorporar las condiciones de salvaguarda de la estabilidad social del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales».

El PSOE también propone « actualizar y consolidar el principio de laicidad , incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones».

Otra reforma constitucional planteada consiste en «actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo».

Respecto a las primarias, la propuesta socialista consiste en «establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones». También, «fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación. Incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales».