Los socialistas apuestan por descontar penas a los etarras desde que Sánchez dirige el PSOE

En este tiempo, el PSOE ha transmutado de un extremo a otro: desde apoyar sin disimulo esa reivindicación de los etarras hasta aplaudir las resoluciones de los tribunales europeos que la impiden, pasando por la abstención para no mojarse demasiado, sobre todo en épocas electorales. La brújula socialista en este tema ha ido girando en todas las direcciones posibles para terminar apuntando en la misma que los presos de ETA, Bildu, PNV y Podemos. De hecho, su postura ha dado un giro de 360 grados, como demuestra un recorrido por la historia más reciente.

Bildu y el entorno de ETA reivindican esta medida desde que, en 2008, una normativa europea les abrió esa vía, que el Gobierno de Rajoy taponó en 2014. Lo hizo con una ley orgánica que impide acogerse a esta posibilidad a todos los etarras condenados o que hubieran cometido delitos en España antes de agosto de 2010, fecha límite para incorporar esa decisión marco de la UE a la legislación española. El Gobierno del PP consiguió así que la inmensa mayoría de etarras no pudieran aprovechar esa norma europea para ahorrarse buena parte de sus condenas españolas.

En ese momento, ya con Sánchez al frente del PSOE, sus compañeros vascos compartían esta reivindicación del espectro etarra. La líder del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y actual vicelendakari, Idoia Mendia, defendía que estos presos pudieran descontarse penas y hasta decía que la ley española que se lo impide tenía «visos de ilegalidad», lo cual, según la también miembro de la Ejecutiva nacional del PSOE, podía provocar «un nuevo tirón de orejas» de la Justicia europea a España.

Poco después el Tribunal Supremo (TS) avaló esa ley y los socialistas vascos empezaron a ponerse de perfil para referirse a esta ley del PP como una cuestión «compleja y susceptible de ser enmendada por la Justicia europea». Empezaban a taparse ante el varapalo del Alto Tribunal español a los proetarras, pero seguían insinuando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que recurrieron varios presos de la banda terrorista, podía terminar por darles la razón.

Pero ya era 2015, el mismo año en el que Pedro Sánchez se enfrentaba a sus primeras elecciones generales, y los socialistas vascos pasaban en apenas unos meses de criticar abiertamente esa ley española por tener «visos de ilegalidad» a decir que se trataba de algo «complejo». El segundo varapalo llegó en octubre de 2018, justo después de que Sánchez se hiciera con La Moncloa y pocos meses antes de unas nuevas elecciones generales, las de abril de 2019.

El TEDH, en contra de lo que pronosticaban los socialistas y esperaban los etarras, avaló la ley española, dejando así en evidencia a los primeros y en la cárcel a los segundos. Entonces la propia Idoia Mendia volvió a cambiar de postura y celebró como «positivo» ese aval de la Justicia europea. La misma que, según ella y su partido, iba a dar un «tirón de orejas » a una ley española con «visos de ilegalidad».

El PSOE no tardó ni dos meses en hacer otro malabarismo al pasar de una postura «positiva» a favor de cómo la ley española computa las penas de los etarras a abstenerse en la moción que el PNV sometió al Congreso de los Diputados en diciembre de ese año 2018 para reformar esa misma ley y permitir así condenas más reducidas a los condenados de ETA.

Una abstención para nadar y guardar la ropa en un asunto tan sensible y ya en plena precampaña de otras elecciones, las primeras de Sánchez como presidente. Por eso al PSOE no le convenía entonces quedar mal con potenciales y futuros socios como PNV y Bildu. Tampoco con buena parte del electorado, muy crítico con estas concesiones a etarras.

Pasadas las dos elecciones de 2019 y tras garantizarse La Moncloa con Unidas Podemos y el apoyo de PNV y Bildu , la posición del PSOE empezó a volver al mismo punto de partida de 2014: que los etarras se puedan descontar en España sus penas en Francia. Así, uno de los partidos del propio Gobierno, Unidas Podemos, registró hace menos de un año, en mayo de 2021, una propuesta idéntica a la del PNV de 2018. Otro paso más para ir alfombrando el camino a los presos de ETA.

El último ha sido el que ayer avanzó ABC, con el propio Gobierno admitiendo que ya está «en marcha» y «a las claras» la operación para hacer realidad esa reforma que exigen Podemos, los independentistas vascos y los presos de ETA. Esas mismas fuentes confirman a este periódico que la reforma de esa ley que impide a los etarras descontarse penas está contemplada en la hoja de ruta que se han marcado PSOE y Unidas Podemos para este año.