La propuesta del PSOE de 2016 dejaría fuera a cuatro presos

Estos cuatro acusados fueron condenados por sedición, pero en concurso medial con malversación de fondos públicos, lo que agravó sus penas, aunque no tanto como si ambos delitos se hubieran castigado por separado. Junqueras, por ejemplo, fue castigado con 13 años, al quedar «absorbida» la malversación en la sedición. Si las dos conductas se hubieran valorado de forma independiente, las penas mínimas habrían sido de diez años por la sedición y de seis por la malversación. Y las de inhabilitación absoluta habrían sido de diez años por el primer delito y de 15 por el segundo , como recordó la Fiscalía en sus informes de los indultos el pasado diciembre.

En la proposición de ley que el PSOE presentó en 2016, se decía que el indulto «es y debe ser un recurso excepcional para dar por cumplida, total o parcialmente, la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los Juzgados y Tribunales».

«Solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran , desde luego, las razones de justicia, equidad o utilidad pública que hasta hoy requiere la ley de 1870, pero también su incidencia en la reinserción social del condenado para así cumplir con la finalidad que la Constitución atribuye a toda pena», sostenía el texto. Y «no está justificado», añadía, que este recurso excepcional «se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos (...)». La mejor forma de evitar una conducta arbitraria es exigir que todo indulto –total o parcial–, «se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los Reales Decretos de indulto sean motivados». Sobre esta declaración de intenciones planeaba la sombra del polémico indulto que el Gobierno de Rajoy concedió a un kamikaze de Valencia y que fue tumbado por la Sala Tercera del Supremo en 2013.

Hasta la moción de censura a Mariano Rajoy, los socialistas enarbolaron la prohibición de indultos a políticos corruptos como una medida fundamental en la lucha contra esta lacra. Los poderes públicos, decían, no podían interceder ante el castigo a un cargo público por distraer fondos de los ciudadanos, como el Tribunal Supremo consideró que hicieron Junqueras y los otros tres exconsejeros. No solo ejecutaron actos de «manifiesta deslealtad» en la administración de fondos , también lo anunciaron mediante el decreto de septiembre de 2017, señalaba la sentencia del «procés».

En ella, los magistrados llegaron a hablar de «consorcio delictivo» y consideraron probada una «consciente y voluntaria desviación de destino de fondos» en gastos para distintas partidas relacionadas con el referéndum ilegal del 1-O (material electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas...). Todas esas iniciativas, dijo el Supremo, supusieron «gastos ajenos a cualquier fin público lícito», se ordenaron «careciendo de cobertura presupuestaria» y fueron canalizados a través de la estructura de los departamentos.

Pese a que la iniciativa para prohibir los indultos a políticos corruptos (y a condenados por violencia de género) había sido objeto de cierto consenso entre los distintos grupos parlamentarios, la disolución de las Cortes hasta en dos ocasiones –con motivo de la convocatoria de nuevas elecciones– dejó sin efecto las proposiciones de ley planteadas en este sentido, hasta el punto de que con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, el Grupo Socialista no solo no ha vuelto a presentar una iniciativa similar a la de 2016, sino que ha llegado a rechazar el paquete de medidas contra la corrupción que Ciudadanos llevó al Pleno en junio del año pasado para su toma en consideración. Entre esas medidas se encontraba precisamente la prohibición de indultos a políticos corruptos.

PSOE, Unidas Podemos y sus socios de ERC y PNV votaron en contra del plan de Ciudadanos al considerarlo «poco oportuno» . Pero lo cierto es que lo hicieron justo en el momento en el que hubo un punto de inflexión en el Gobierno sobre la posibilidad de que los líderes independentistas fueran premiados con esta medida de gracia, un camino en el que se ha pasado desde la apuesta del ministro Campo en sede parlamentaria por separar la política de los «pasos absolutamente reglados» de un indulto, a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno sobre la necesidad de «pasar página» y «apostar por la reconciliación en Cataluña». Los últimos acontecimientos apuntan a que esta misión le importa desde el momento en que en plena pandemia y eventual estallido de una tercera ola ha puesto como candidato del PSC a la Generalitat al ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque se entiende mejor con ERC de lo que lo hacía Miquel Iceta.

El Tribunal Supremo consideró acreditado que la malversación en la que participó el líder de ERC hoy preso (Junqueras) superó ampliamente los 250.000 euros , cifra a partir de la que se considera tipo penal agravado. La Abogacía del Estado la había cifrado en 1,9 millones y la Fiscalía en tres.

La sentencia atribuyó a Junqueras el coste, en pleno «procés», de las visitas de parlamentarios europeos y la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales; a Romeva, todos los pagos vinculados con el Diplocat; y a Turull, los canalizados a través de la Consejería de Presidencia. A Bassa la responsabilizó de las tareas de impresión de las papeletas que iban a ser usadas en la consulta prohibida y la asunción de una de las cinco partes en las que se fraccionó el encargo a la empresa Unipost, la que gestionaba sobres y papeletas. Fuentes jurídicas recuerdan que hay malversación impropia cuando los fondos se aplican a finalidades públicas distintas a las que tenían inicialmente asignadas, como sucedió en este caso.