PP y Cs, criticados y solos por su defensa de penas más duras

A la salida se reunió con las familias de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo y Mari Luz Cortés y Yéremi Vargas para trasladarles su compromiso de que intentará ralentizar al máximo la tramitación parlamentaria de la derogación de esta pena. Desde Ciudadanos, su presidente Albert Rivera, lamentó el resultado de la votación y recordó que la prisión permanente se aplica solo a «delitos muy concretos» y es deber de los políticos «estar atentos a los agujeros de la Justicia para ver cómo se pueden tapar». La portavoz socialista, Margarita Robles, cargó contra ambos por hacer «un cálculo electoral en un momento de dolor», informa Víctor Ruiz de Almirón. «Nadie tiene derecho a patrimonializar el dolor de las víctimas» remachó.

Previamente, en el interior del Pleno, tanto el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, como el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, intentaron sin éxito hacer recapacitar al PSOE rogándole que se abstuviera en la votación. De haberlo hecho, la derogación de esta pena hubiera quedado paralizada al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad. Eso es lo que proponía la enmienda de totalidad de la formación naranja además del cumplimiento íntegro de las penas y el endurecimiento del tercer grado. El PP apostaba, en cambio, por descartar la derogación y ampliar hasta trece los supuestos de aplicación de esta ley. Bermúdez de Castro, incluso, pidió a los socialistas que miraran a los ojos a las familias de las víctimas presentes en la tribuna de invitados e intentaran convencerles a ellas de que por qué la prisión permanente debe derogarse.

Con un discurso muy hábil y sin demagogia Bermúdez de Castro defendió el mantenimiento de la prisión permanente recordando que «la inmensa mayoría de la sociedad española» comparte esta causa y se trata de una pena «excepcional, de excepcionalidad gravedad, para los delitos mas atroces que merecen el mayor reproche penal». Ha puesto sobre la mesa como se trata de un castigo avalado por el derecho comparado y por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo similar al que existe en la mayoría de los países europeos y compatible con la reinserción al ser revisable a partir de los 25 años. Girauta, mucho menos vehemente , remitió una y otra vez a la necesidad de esperar a que el Tribunal Constitucional dibuje «un campo de juego claro en el que nos podremos mover a la hora de legislar» en lugar de «derogar en caliente». «Impidamos supuestos de penalidad real insuficiente frente a crímenes especialmente horrendos y con posibilidad de reincidencia», clamó, defendiendo que las penas, además de la reinserción, tienen el fin de proteger a la sociedad y a las personas. «Las vidas que se salvan no están a la vista» advirtió a los grupos de la izquierda, pero especialmente, al PSOE.

Nada de esto caló en este partido ni tampoco en Podemos o los nacionalistas, que usaron durante el debate el término cadena perpetua. Desde la formación morada, el diputado Eduardo Santos advirtió que «no vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de Justicia tiene que tener un fin reinsertador» pese a que Bermúdez de Castro había recordado en su intervención que la criminología moderna reconoce que hay casos en los que la reinserción no es posible. Santos advirtió que Podemos luchará con todas sus fuerzas por la derogación «de esa barbaridad desde esta tribuna, en las tertulias, en las radios, en los medios de comunicación» y aseguró que es una pena «contraria a cualquier consideración relativa a los derechos humanos» sin citar ninguna fuente jurídica. En cuanto al grupo impulsor de la derogación, el PNV, el diputado Mikel Legarda , subrayó que el derecho penal «no se construye con el dolor de las víctimas» y que la prisión permanente «no hace una sociedad mejor ni evita el delito». Consideró, además, que esta pena responde a un «Derecho Penal exagerado» no es «necesaria, ni idónea ni proporcional».