El PP pide al tribunal de la «caja B» que unifique a las acusaciones para reducir su «pena de banquillo»

El escrito, al que tuvo acceso ABC, se refiere a la necesidad de garantizar un procedimiento sin dilaciones indebidas que en su opinión, se producirán con «15 letrados interviniendo en el plenario» en lugar de los diez que quedarían si las seis acusaciones compartiesen abogado y procurador.

Expone que el tiempo de duración del juicio que ha previsto la Sala en cuatro meses «se vería reducido significativamente» y así, «cuatro meses de pena de banquillo en un procedimiento con una relevancia mediática considerable ».

«La previsible reiteración en los interrogatorios durante la práctica de la prueba, la multiplicación de trámites y la proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las mismas finalidades; en definitiva, el número de acusaciones populares, nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación», argumenta la defensa del PP.

En su opinión, esto beneficia a «la administración de justicia y las partes, en especial, los encausados [para el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a un proceso sin dilaciones indebidas]», mientras plantea «pocos inconvenientes para las acusaciones populares» pues, según afirma, « todas ellas ostentan la misma pretensión ».

Se trata de Izquierda Unida, DESC, ADADE, Manos Limpias, Pablo Nieto y otros; y Ángel Luna y otros , que han venido impulsando el procedimiento durante la instrucción como acusaciones populares. Todas se dirigen contra Luis Bárcenas Gutiérrez, Cristóbal Páez Vicedo, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero , pero a diferencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, implican directamente al PP en un delito y le atribuyen una «caja B» para su financiación irregular.

Conforme señala el propio escrito de los 'populares', estas acusaciones «persiguen la existencia de una supuesta Caja B del partido, calificando esa existencia como constitutiva de delito» y que habría funcionado entre 1990 y 2008 gracias a la entrada de fondos de veinte donantes que después saldrían en forma de donativos anónimos al partido, pagos de sobres a sus integrantes, y servicios varios.

«Las seis acusaciones persiguen los exactos mismos hechos. No existe ni una sola divergencia en los mismos », señala el PP, para incidir en que la «convergencia de intereses» es «más que clara, pues persiguen los mismos hechos y acusan a las mismas personas», por lo que entiende que deberían ser agrupadas.