El PSOE, entre cubrir a Iglesias o luchar contra la corrupción

La calificación es el primer trámite que debe superar cualquier iniciativa parlamentaria para poder echar a andar y persigue verificar su adecuación a la legislación en vigor. En el caso de las comisiones de investigación, la Constitución establece que podrán versar «sobre cualquier asunto de interés público» por lo que, a priori, no hay impedimento jurídico para su tramitación.

Otra cuestión es el criterio político. Como ya sucedió con el caso Dina, el PSOE tendrá que volver a elegir entre prestar auxilio a su socio de Gobierno o apostar por la lucha contra la corrupción. Cuando el PP intentó impulsar una comisión de investigación sobre el caso Dina, los socialistas optarán por dar amparo a sus socio y vetar la iniciativa. Todo apunta a que en el caso de la niñera volverán a actuar del mismo modo y se retratarán por segunda vez. Los socialistas puden optar por permitir que la iniciativa de los populares eche a andar hoy y tumbarla la próxima semana en la Junta de Portavoces o, directamente, vetarla esta mañana.

El PP advierte de que «podríamos encontrarnos ante una presunta malversación de caudales públicos, en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica destinar fondos públicos para satisfacción de necesidades y fines particulares», advierten los populares o, de no ser éste el tipo, «implicar responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos».

Es por ello que el escrito registrado defiende que una comisión de investigación sobre esta cuestión «permitirá esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en el futuro».

El partido que preside Pablo Casado aboga porque la comisión concluya sus trabajos en tres meses desde su constitución aunque entiende que este plazo podría prorrogarse.

El pasado 3 de febrero ABC y otros medios publicaron que la anterior responsable del Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmon a , había señalado al juez del caso Neurona las presuntas irregularidades que había encontrado en el partido morado hasta su cese en diciembre de 2019. Entre ella, la utilización de Arévalo como niñera primero percibiendo un sueldo pagado por el grupo parlamentario morado y después como alto cargo de Igualdad .