El PP creará un «canal interno de denuncias» contra sus corruptos

Hasta ahora, era el Comité de Derechos y Garantías el que recepcionaba las denuncias, aunque se exigía la identificación previa del denunciante. A partir de ahora se garantizará el anonimato. De hecho, cualquier militante del PP estará obligado a denunciar y colaborar con las investigaciones internas . Según se recoge en la ponencia de estatutos que ha coordinado el viscesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo , el incumplimiento de esos dos deberes estará tipificado en el nuevo régimen disciplinario del partido como infracciones «muy graves». Y éstas, según establecen ya los actuales estatutos, serán sancionadas con la suspensión de militancia por un periodo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o públicos, y hasta la expulsión del PP.

Es decir, se castigará con la misma contundencia a quien silencie un caso de corrupción o entorpezca la depuración de responsabilidades dentro del PP como al que cometa los delitos en el ejercicio de su cargo. La misma gravedad tendrán las «amenazas o coacciones» a quienes intervengan en el procedimiento interno, sean el denunciante o denunciado, testigos o los propios encargados de la investigación. Igualmente, se consideran infracciones muy graves presentar denuncias falsas o con «temerario desprecio hacia la verdad» y romper la garantía de confidencialidad que se otorga a este marco de control interno.

Génova desarrollará tras la celebración a mediados de febrero de su XVIIICongreso nacional un protocolo que desarrolle el nuevo canal interno de denuncias que indicará como «reaccionar ante la detección de irregularidades». Fuentes de la dirección nacional aseguran que el partido actuará con contundencia en su responsabilidad «in vigilando» y preventiva contra posibles conductas corruptas. «Vamos muy en serio porque nosotros hemos sidos los grandes perjudicados por la corrupción política», insisten desde la cúpula.

Lo cierto es que el Código Penal, en su artículo 31 . bis, hace responsable penal a los partidos políticos –y personas jurídicas en general– de los delitos cometidos por sus miembros que se hayan podido cometer sin que «hayan adoptado y ejecutado antes medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirlo».

El PP incluirá en sus estatutos la obligación de que sus miembros comuniquen a la dirección del partido la apertura de cualquier procedimiento judicial contra ellos, y de que pongan a disposición los cargos públicos u orgánicos que ostenten cuando el Comité nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo «daña» a la propia organización o institución pública. Esto que ahora se incorpora a los estatutos, ya se recogía en el Código de Buenas Prácticas. El partido, añaden las fuentes, será el primero en dar traslado a la Justicia de los casos de corrupción en los que hubieran podido incurrir sus militantes.

Génova actualizará tras el congreso el Código de Conducta de sus miembros.