Podemos desprecia al Tribunal Supremo para proteger a Homs

El Parlamento tiene que dar luz verde a esta solicitud para que el Supremo pueda continuar el proceso abierto contra el político catalán por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 . El magistrado Andrés Palomo, instructor del caso, aprecia los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia en los actos de Homs, que en aquel momento ocupaba el cargo de consejero de la Generalitat. Podemos cree que el proceso no debe continuar porque nunca debió iniciarse.

La petición será debatida hoy por la Mesa del Congreso y atendida favorablemente gracias a los votos del PP, PSOE y Ciudadanos, que suman siete de los nueve miembros de este órgano. Pero el rechazo de Podemos no es solo sorprendente por lo que supone de incumplimiento de su propio predicamento, sino porque va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Ya en 1985 el TC dio un fuerte varapalo a la Cámara Alta por rechazar el suplicatorio del senador Carlos Barral Agesta sin la adecuada fundamentación jurídica, anulando esta decisión y permitiendo que continuara el proceso.

El Constitucional argumentó que la inmunidad no puede alegarse «si el delito no tiene nada que ver con la actividad normal de las Cámaras de los parlamentarios». Posteriormente, en 1992, el TC volvió a dejar claro que el derecho a la tutela judicial efectiva prima sobre la inmunidad de los parlamentarios en el caso contra el senador Juan González Bedoya, cuyo suplicatorio también fue rechazado por el Senado.

La sentencia estableció que un suplicatorio solo podrá denegarse cuando las Cortes puedan prever que «la eventualidad de la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar su composición».Estas resoluciones han guiado la actuación del Congreso, que en los últimos 28 años no ha rechazado ningún suplicatorio.

Hay que remontarse a 1988 para encontrar el caso del exministro socialista del Interior, José Barrionuevo, al que el juzgado de primera instancia número 17 de Madrid intentó juzgar por un delito contra el derecho al honor pero encontró la oposición del Parlamento, controlado por el expresidente Felipe González.

La argumentación de Podemos se basa en que «por razones democráticas, no debería estar penado poner urnas para que la gente vote». La formación asegura que no protege a Homs «por ser diputado» sino que actuaría «del mismo modo por cualquier persona en las mismas circunstancias».

Los letrados consultados por este diario mostraban ayer su alarma por la posición de Podemos. «Es un claro intento de injerencia política en una decisión judicial», advertía uno de ellos mientras otro lo calificaba de «insólito».