Pobres más pobres, según cada autonomía

Acudo a la Delegación de la Junta en Cuenca, donde explico mi panorama personal en busca de asistencia. «Usted tiene derecho a una ayuda mensual de 372,76 euros», me informan tras exponer mi situación y confirmar que cumplo con los requisitos establecidos en esta Comunidad. Les pregunto si esto es así para toda España y si me podrían dar más detalles al respecto. «Es que estos salarios sociales —me indican— los regula cada comunidad autónoma».

Enseguida lo compruebo personalmente. Pruebo en Canarias. Allí, esta ayuda no se llama igual que en Castilla-La Mancha, donde se denomina Ingreso Mínimo de solidaridad. En los servicios sociales de Arona (Tenerife), me atienden con amabilidad y me explican que en esta Comunidad se llama Prestación Canaria de Inserción. Expongo mi caso, igual que hemos hecho en Cuenca. «En su situación, aquí tiene derecho a percibir por la Prestación Canaria de Inserción 472,16 euros al mes». Es decir, cien euros más que en Cuenca. Y cien euros, en una situación como esta, como la que por desgracia en estos momentos padecen muchos españoles, es una diferencia muy sustancial mes a mes. Más aún si se tienen en cuenta los importes de los que estamos hablando. Cien euros son un 27 por ciento más entre el salario social de Canarias y el de Castilla-La Mancha.

Visto lo visto, acudimos a servicios sociales de otras comunidades autónomas y confirmamos con más rotundidad lo que ya nos había quedado claro: ser pobre no es lo mismo en toda España. Depende de la región en la que se reside. Dicho de otra forma, que hasta a la hora de verse sumido en la pobreza hay que tener en cuenta el Gobierno regional que tiene que ayudarnos, porque la cuenta no nos va a salir igual.

En todas las autonomías hay implantado un salario social o de inserción, una prestación que conceden las administraciones regionales cuando una persona o una familia se ve ahogada por la falta de recursos económicos. Para que no se quede absolutamente sin nada, para que tenga una renta mínima que le permita afrontar los gastos más elementales e intentar capear el bache, funcionan esos salarios sociales que, habitualmente, se canalizan a través de los servicios sociales de los distintos municipios. Lo normal es que sea en esos centros locales de servicios sociales, que dependen de los ayuntamientos, donde se solicita esta prestación. Desde ellos, se tramita ante la Administración autonómica, que es la que resuelve el expediente, la que concede esa prestación si quien la pide reúne las condiciones que establece cada normativa regional. Y es aquí donde, de entrada, aparecen algunas diferencias entre las distintas autonomías. Lo común es que se exija en todas ellas que el solicitante tenga fijada su residencia y esté empadronado con al menos un año de antigüedad en esa Comunidad. A partir de ahí, en algún caso aparecen requisitos dispares como, por ejemplo, la edad mínima a partir de la cual se puede percibir esa prestación.

En cualquier caso, donde más se nota la diferencia es en lo que más cuenta cuando alguien se ve abocado a solicitar el salario social: su importe, lo que cobra cada mes. Pues bien, dos hogares necesitados, en la misma situación, en condiciones de precariedad calcadas, pueden llegar a cobrar prácticamente un 50 por ciento más según la comunidad autónoma en la que resida, tal y como ha podido constatar ABC.

Normativas dispersas

Ya hemos visto que el importe de la ayuda que nos dan para nuestro caso concreto de pobreza varía entre Canarias y Castilla-La Mancha. Pero, conforme nos informamos más en detalle, vemos que hay otras diferencias que también son de calado.

En los servicios sociales de la tinerfeña Arona nos explican que ese salario social «lo podrá cobrar usted un máximo de veinticuatro meses: se concede inicialmente por un año y, si las condiciones de necesidad se mantienen, se puede prorrogar hasta dos semestres más».

Si vivimos en Castilla-La Mancha, también lo podemos cobrar un máximo de veinticuatro mensualidades, pero en las oficinas de la Junta en Cuenca nos indican que lo percibiremos repartido de forma distinta: «se cobra durante seis meses seguidos, se interrumpe durante los tres meses siguientes y luego, si las condiciones se mantienen, se puede cobrar otros seis meses más, se interrumpe posteriormente durante otros tres meses, y así sucesivamente hasta cobrar un máximo de veinticuatro mensualidades».

Matrimonio con seis hijos

Cambiamos de supuesto y viajamos más por España. Ahora cambiamos de supuesto práctico. Somos una familia numerosa, un matrimonio con seis hijos, todos residiendo en el mismo domicilio. Se repiten las circunstancias: no hay trabajo ni prestación por desempleo, no entran ingresos en casa, la estrechez económica es de órdago y se cumplen las condiciones para percibir el salario social. Vivimos también en Castilla-La Mancha y regresamos a la oficina de Cuenca que lleva estos expedientes. Nos indican que, en este supuesto de familia numerosa y necesitada, «tendrán ustedes derecho a cobrar 659 euros al mes por el Ingreso Mínimo de Solidaridad».

Buscamos unos kilómetros más allá, en una comunidad limítrofe, en Extremadura. Aquí este tipo de salario social se llama Ingreso Mínimo de Integración. En la propia página web de la Junta de Extremadura viene información detallada sobre esta prestación, incluida una tabla con los importes a percibir. Pues bien, en nuestro caso, nuestra familia formada por el matrimonio y seis hijos cobraría al mes un salario social de 532,51 euros. Es decir, 126,49 euros menos que si residimos en Castilla-La Mancha. Una diferencia del 24 por ciento.

Eso sí, el tiempo que podemos cobrar esta prestación no es el mismo en las dos regiones. Sigue el «sudoku» de la normativa autonómica. Como hemos indicado, si estamos en un municipio de Castilla-La Mancha percibiremos un máximo de veinticuatro mensualidades, mientras que en el caso de Extremadura, según la información oficial sobre el Ingreso Mínimo de Integración, se nos autorizará por «seis meses prorrogables por períodos iguales». No se dice nada de que haya un tope máximo de tiempo durante el que se puede cobrar esa prestación.

De Extremadura a Mallorca

Después de ver estas diferencias, optamos por sondear alguna comunidad más. Nos desplazamos a Baleares. Allí el salario social se llama Renta Mínima de Inserción. Lo regulan las autoridades autonómicas para todo el archipiélago, pero en cada isla lo gestiona la Administración de su consejo insular. De nuevo el mismo caso: somos una familia que tiene derecho al tope máximo. Pues bien, nos correspondería una Renta Mínima de Inserción de 777 euros al mes. Es decir, 244,49 euros más que en Extremadura, un 46 por ciento más.

Somos los mismos, residimos en España, pero la cobertura no es igual en una situación de precariedad realmente acusada. Se puede ser prácticamente un 50 por ciento más pobre según la comunidad en la que se viva.