El coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí
El coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí - Mikel Ponce

Polémica en la comisión de investigación del PP al negarse el coronel de la UCO a contestar las preguntas

Sánchez Corví se acoge a la reserva judicial y Ciudadanos pide que vuelva a comparecer en sesión secreta

MadridActualizado:

Nueva sesión cargada de polémica en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Esta vez porque el compareciente, el coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, se ha acogido estrictamente al secreto de sumario y no respondido a prácticamente ninguna pregunta de los diputados.

Su posición ha sido criticada con dureza por todos los grupos parlamentarios argumentando que comparecientes anteriores de la UDEF -unidad gemela dentro de la Policía- sí se esforzaron por aportar distintas valoraciones sobre el caso y mantener al tiempo el secreto sobre el fondo del asunto.

En respuesta, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Toni Cantó, ha pedido que tanto Sánchez Corbí como todos los comparecientes que sean citados en el futuro a la comisión y se acojan al secreto de sumario sean llamados nuevamente en sesiones secretas para que puedan sortear esta obligación judicial y contestar a las preguntas de los diputados. Así lo prevé el Reglamento del Congreso en su artículo 64,4.

El coronel jefe de la UCO ha aceptado la propuesta de Ciudadanos y preguntará al juez si en sesión secreta podría aportar información a sus señorías. Pese a ello, se ha llevado una larga retahíla de críticas de los diputados que han considerado que, si tuviera la voluntad de hacerlo, podría haber aportado más datos. Especialmente crítico ha sido el portavoz de Podemos en la comisión, Juan Pedro Yllanes, que ha considerado la comparecencia una «pérdida de tiempo» mientras Cantó ha calificado la actitud del coronel «muy poco colaborativa» y el diputado socialista Artemi Rallo le ha reclamado sin éxito que arrojara «más luz de lo que está haciendo».

No obstante, la posición adoptada por Sánchez Corbí tampoco puede sorprender mucho ya que se ha acogido estrictamente a la guarda a la que le obliga a la ley. De hecho, antes de que la comisión fuera constituida el PP advirtió en varias ocasiones al resto de los grupos de que mientras la causa por financiación ilegal estuviera abierta en sede judicial, las explicaciones que podrían dar los comparecientes serían muy limitadas e insistió por ello en que la comisión se pusiera en marcha una vez que concluyera proceso y existiera veredicto.

Incluso, varias administraciones a las que la comisión ha pedido información relacionada con la presunta financiación ilegal del PP han advertido al Congreso que no tenía competencia para inmiscuirse en la causa y se ha negado a aportar la documentación solicitada.

En esta línea, el portavoz popular, Carlos Rojas, ha defendido a Sánchez Corbí y ha cargado contra los grupos por presionarle a sabiendas de que estaba sometido a la obligación judicial de entrar en el fondo de los casos en proceso judicial. Y ha insistido en que los grupos de la oposición solo tienen un objetivo político que es desgastar al partido en el Gobierno, tachando la comisión de «teatro político». Una calificación que ha molestado al presidente de la misma, Pedro Quevedo de Nueva Canaria, por lo que ha pedido su retirada.

El coronel jefe de la UCO sí ha negado de forma tajante la existencia de presiones tanto desde la esfera política como de sus superiores y ha subrayado que los informes de su organización no tienen valor condenatorio sino de denuncia.