Cierto olor a podrido

Las revelaciones de que Isabel Díaz Ayuso fue espiada por su propio partido ponen en evidencia la lucha interna por el control del PP. Algo que negó ayer Teodoro García Egea, que habló de «una averiguación interna» para saber si el hermano de la presidenta se había lucrado con una comisión de 280.000 euros en un contrato a dedo de la consejería de Sanidad. De confirmarse este espionaje, no sería el primer caso de utilización de medios ilícitos para conseguir un fin político. Desde la Transición, hay numerosos precedentes de como los poderes del Estado y los partidos han recurrido a esos métodos para chantajear, amedrentar o eliminar a quienes consideraban una amenaza.

Ya Felipe II montó una red de espionaje con personajes tan destacados como Sebastián de Arbizu, que operaba en Navarra y enviaba informes al monarca sobre sus enemigos. Pero no hace falta ir tan lejos. Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, Julián García Vargas, titular de Defensa, y Alonso Manglano, director del Cesid, tuvieron que dimitir en 1995 tras demostrarse que los servicios secretos habían grabado conversaciones de políticos, empresarios, jueces y periodistas.

Entre las personas espiadas se hallaba el Rey Don Juan Carlos, pero también había comunicaciones íntimas entre Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, y Naty Abascal que nunca salieron a la luz. José Barrionuevo y Francisco Fernández Ordóñez, ministros de Felipe González, también habían sido vigilados.

Este asunto no concluyó con la dimisión de los tres máximos responsables porque, poco después, estalló el escándalo de los llamados Papeles de Perote. El coronel Juan Alberto Perote había sido jefe de operaciones del Cesid y, tras su salida del servicio, se había llevado cientos de documentos y grabaciones que incriminaban al Gobierno en la guerra sucia contra ETA. También había conversaciones del Monarca con su amigo Zouba Tchokotua, datadas en 1984, que sugerían negocios poco confesables.

Jesús Santaella, abogado de Mario Conde, se reunió en secreto en La Moncloa con Felipe González en 1995. Dicen que entró oculto en el maletero de un coche. Banesto había sido intervenido en diciembre de 1993 y la Justicia investigaba al exbanquero. Lo cierto es que Santaella ofreció al presidente del Gobierno la destrucción de esos papeles a cambio de que la Audiencia Nacional archivara este asunto y de una compensación económica. Jesús Cacho cuenta en 'El negocio de la libertad' que el abogado barajó la cifra de 10.000 millones de pesetas. González rechazó cualquier pacto.

No era tampoco la primera vez que los servicios secretos aparecían implicados en el juego político. El Seced, precedente del Cesid y disuelto en 1977, había infiltrado a un espía en presidencia de Gobierno que le informaba de todos los movimientos de Adolfo Suárez. El Seced, creado por Carrero Blanco, reclutó personajes de la extrema derecha para provocar el altercado de Montejurra en 1976, incidentes que se saldaron con varios muertos.

Pero no sólo el Estado sino también los partidos han cruzado líneas rojas. Informes policiales corroboraron que Alicia Sánchez Camacho, líder del PP en Cataluña, fue espiada por la agencia Método 3 en 2010. El PSC abonó 1.800 euros por la grabación de una comida en el restaurante La Camarga de Barcelona entre esta dirigente y María Victoria Álvarez, expareja del hijo mayor de Jordi Pujol. La investigación policial puso en evidencia que los Mossos habían seguido a Sánchez Camacho.

Si el PSC apareció implicado en este turbio asunto, la cúpula de Interior durante el Gobierno de Rajoy está siendo investigada por el juez García-Castellón por el caso Kitchen. Hay indicios demoledores de que Luis Bárcenas fue espiado por elementos pagados con fondos reservados y contratados por mandos policiales. Sergio Ríos, el chofer del extesorero del PP, reconoció que había cobrado en torno a 50.000 euros por informar de sus movimientos. Y también es un hecho que Bárcenas fue grabado y espiado durante su estancia en prisión. Las responsabilidades se extienden hasta Jorge Fernández, exministro de Interior, llamado a declarar como imputado por el juez.

Otro escándalo que está siendo investigado judicialmente son las actividades del excomisario Villarejo, que prestó servicios a sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Villarejo fue contratado por el BBVA para espiar a Luis del Rivero, presidente de Sacyr. Pero también Iberdrola alquiló sus servicios para indagar la vida privada de Florentino Pérez y de Manuel Pizarro.

El caso de Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, es revelador porque confirma los lazos entre los servicios secretos, algunas empresas del Ibex y el poder político. Pizarro fue espiado por cinco agentes, todos ellos condenados, que habían trabajado para el Cesid y la Guardia Civil. Su caso es digno de las aventuras de Mortadelo y Filemón porque hay un informe en el que sus espías afirman que mantenía contactos con políticos del Senado cuando en realidad llamaba a su cuñada, que era bibliotecaria de la institución.

El caso de Díaz Ayuso no es el primero que aflora prácticas de espionaje interno en el PP. En 2008, Manuel Cobo y Alfredo Prada denunciaron que había sufrido seguimientos por parte de dos subordinados de Francisco Granados, entonces consejero de Interior. La Justicia absolvió a los inculpados bajo el principio de 'in dubio pro reo'. Pero no hay duda de que esas actividades existieron. Cobo habló de «una gestapillo» en el PP madrileño.

Hay otros muchos casos de utilización pública y privada de los secretos para chantajear al adversario desde la Transición. El asunto de Díaz Ayuso exige una investigación a fondo para dilucidar quien dice la verdad y determinar si hubo una operación política para acabar con la presidenta o, como sostiene el PP, se trató de una iniciativa para luchar contra la corrupción que tanto daño hizo al partido en el pasado.