Patxi López pide al Gobierno en funciones que se someta al control de la nueva cámara

El presidente del Congreso basa su argumento en el artículo 26.2 de la Ley de Gobierno, «que dice que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de la cámara y no dice que del gobierno en funciones, no» . En su carta, López recuerda a Sáenz de Santamaría que la función de control de la acción del Gobierno está reconocida en el artículo 66 de la Constitución «aún estando el Gobierno en funciones respecto de aquellas cuestiones que son de su competencia» y le advierte de que su decisión «conculca su obligación» de someterse al mencionado artículo 26.2 de la ley del gobierno. «Le ruego que reconsidere su actitud y modifique su decisión de no acudir a la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa del 17 de marzo, así como a otros futuros requerimientos de la cámara», le pide en la misiva.

La posición de la Junta de Portavoces conduce a un choque frontal con el Gobierno ya que Moncloa mantiene el criterio de que al encontrarse «en funciones», está exenta de rendir cuentas a las Cortes Generales por no haber recibido la confianza de las mismas.

El secretario de Estado para Relaciones con las Cortes, Luis Ayllón, ya envió una misiva el viernes pasado al presidente del Congreso, Patxi López, argumentando todo ello y adelantando que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acudirá mañana a la comparecencia solicitada por la Comisión de Defensa. Y ayer mantuvo este criterio pese a que López envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitando que el Ejecutivo «reconsidere» su decisión .

Mañana, por tanto, el asiento del ministro quedará vacío en la Comisión de Defensa y es probable que suceda lo mismo con la sesión de control. De ser así, López advirtió que el pleno del Congreso podría decidir llevar el caso ante el Tribunal Constitucional y el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, advirtió sin ambajes que su grupo no dudará en seguir este camino. «Esperamos no tener que recurrir a eso, pero si tenemos que hacerlo lo vamos a hacer, esperamos que el Gobierno recapacite y reconsidere su actitud», señaló después de que Ayllón adelantara que el Ejecutivo no moverá su criterio.

Fuentes de Moncloa explican que el problema no reside en comparecer o no comparecer sino «en cumplir la ley» y subrayan que tan legítimo es que el Congreso siga su criterio como que el Gobierno haga lo propio con el suyo. A juicio de estas fuentes, el PSOE está intentando correr una cortina de humo sobre el fracaso de su candidato, Pedro Sánchez, en el debate de investidura y el Gobierno no está dispuesto a dejarse instrumentalizar en esta causa. En la misma línea, el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, acusó a los socialistas de pretender «dar carta de naturalidad a una situación que no es normal» y de pretender «que la gente que está en su casa piensen que no pasa nada» cuando se ha producido «un bloqueo institucional por el señor Sánchez» que impide que haya un presidente del Gobierno.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha confirmado que su grupo «está de acuerdo» con llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional si no reconsidera su negativa a someterse al control parlamentario, pero ha defendido como prioritaria la vía de pedir explicaciones políticas.

«Estamos de acuerdo, pero decimos al mismo tiempo que la judicialización de algunos asuntos políticos no es el mejor camino para solucionarlos», ha dicho Errejón en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que todos los grupos excepto el PP han apoyado que el Congreso inste al Gobierno a reconsiderar su posición.

El expresidente del Congreso, el diputado del PP Jesús Posada, considera normal que sea el Tribunal Constitucional el que dirima el «conflicto» entre el Congreso y el Gobierno en funciones, que se niega a ser controlado por una Cámara baja con una composición distinta a la que le designó.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Posada ha rechazado que el Ejecutivo en funciones esté incurriendo en una «rebeldía» al Parlamento o que, a su vez, la Cámara esté cometiendo una «intromisión» en la labor del Gobierno del PP.

Posada reconoce que hay argumentos «a favor y en contra» y que para resolver esos «conflictos» está precisamente el Tribunal Constitucional.

«No sé si se podría haber solucionado sin llegar al Tribunal Constitucional porque es una situación de divergencia profunda y de interpretación constitucional. Comprendo a los que defienden una postura y defienden la otra, pero para eso están los tribunales », ha insistido.