El País Vasco escatima al Estado más de 3.000 millones de euros al año

Baste un dato: en todo ese quinquenio, la Comunidad de Madrid, pese a tener un PIB per cápita un 4 por ciento mayor que el del País Vasco, ha tenido unos recursos públicos -sin contar deuda financiera- que no llegan a 2.400 euros por habitante y año. Sin embargo, al Gobierno vasco -con menor PIB per cápita que Madrid- la misma cuenta le sale a más de 4.100 euros brutos. La diferencia radica en lo que Madrid aporta a la caja común de la solidaridad del Estado; o, lo que es lo mismo, lo que el País Vasco da de menos al arca común de los españoles.

Si a la Comunidad de Madrid se le aplicara el mismo trato que tiene el País Vasco, el Gobierno autonómico madrileño dispondría anualmente de unos 12.000 millones de euros más de los que tiene ahora. Y esto sin contar la mejora del Cupo que el PNV le acaba de arrancar al Gobierno.

El ejemplo de Madrid es relevante. Primero, porque es la Comunidad a la que más se acerca el PIB per cápita vasco y, por tanto, es la región idónea para comparar de forma más clara lo que supone el Cupo. Y, segundo, porque de entre todas las autonomías del régimen común, es la que resulta económicamente más agraviada. El Cupo garantiza al País Vasco un 80 por ciento más de financiación de la que tiene Madrid, y un 40 por ciento más que la media de las 15 autonomías del régimen común.

Pero en la lista de «perjudicadas» comparativamente respecto al Cupo figuran varias más. Por ejemplo, Baleares : en el quinquenio 2011-2015 tuvo un 41 por ciento menos de financiación pese a que su PIB per cápita apenas es un 21 por ciento inferior al vasco. O Cataluña, que en ese periodo contó con unos recursos públicos por habitante y año un 23,3 por ciento inferiores a los del País Vasco, pese a que el PIB per cápita catalán solo es un 10 por ciento menor. Respecto a las arcas vascas, en términos de PIB también están infrafinanciadas la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y La Rioja.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sistema de financiación del Estado y las autonomías se fundamenta en el principio de la solidaridad territorial y de intentar mantener unos mínimos de equidad: el objetivo esencial es garantizar que todos los ciudadanos disfruten de unas prestaciones públicas similares vivan donde vivan, y sean más o menos ricos sus territorios. De ahí que, de una u otra forma, el Cupo vasco -al igual que el ventajoso régimen foral de Navarra- extienda sus efectos al conjunto de España: esos 3.000 millones de euros anuales que el País Vasco deja de aportar a la caja común del Estado son 3.000 millones de menos para la solidaridad territorial, los servicios y las inversiones públicas en el resto de España.

Si el Estado tuviera que garantizar a todas las autonomías del régimen común -sea cual sea su PIB- el mismo nivel de recursos públicos por habitante de los que disfruta el Ejecutivo vasco, debería repartir entre ellos del orden de 40.000 millones de euros extra cada año . La cifra sería insostenible.

A tenor de las liquidaciones presupuestarias oficiales del quinquenio 2011-2015 -las de 2016 aún no están disponibles-, el País Vasco dispone de unos ingresos públicos medios por habitante y año de 4.112 euros brutos. Una cifra privilegiada si se compara con los apenas 3.000 que arroja la media de las 15 autonomías del régimen común.

Para éstas no hay opción, porque no disponen de las ventajas del régimen foral: el País Vasco es el que recauda los impuestos y, gracias al Concierto Económico, negocia políticamente qué parte abona anualmente al Estado (Cupo) por las competencias que éste ejerce y de las que se beneficia el País Vasco. Para las 15 autonomías del régimen común, la llave la tiene el Gobierno a la hora de regular qué parte de los recursos del Estado van a financiar las arcas regionales.