El padre del niño de la maleta tendrá que pagar una multa de 92 euros

La defensa del acusado, que inicialmente se negó a un acuerdo con la Fiscalía, convencida de que podría probar su «inocencia absoluta» y que solo fue «víctima de las mafias», ha aceptado un pacto tras escuchar al encausado y al niño reconocer que se separaron durante aproximadamente una hora en territorio marroquí.

La acusación, que inicialmente solicitaba tres años de cárcel, ha rebajado su petición a tres meses y 22 días de multa con cuota diaria de dos euros. El juicio no ha podido acreditar que el padre supiese las circunstancias exactas en las que se iba a introducir a su vástago en España, pero sí que se haría de forma ilegal a cambio de dinero.

La cuantía de la condena queda parcialmente conmutada por el mes que el acusado pasó en prisión provisional en 2015, por lo que solo abonará 92 euros que se detraerán de los 5.000 que depositó entonces como fianza para salir de la cárcel.

Durante el juicio oral, A.O. ha explicado que, cuando vivía en Fuerteventura y las autoridades rechazaron sus solicitudes de reagrupamiento familiar por no llegar a la renta mínima exigible, pagó 5.000 euros en Costa de Marfil . Entregó el dinero a «personas» con «contactos» que le prometieron traer «con papeles» a su hijo pequeño a España.

Tras fallar el plan inicial de que aterrizase en Barajas lo recogió en Casablanca (Marruecos), desde donde ambos se trasladaron en tren hasta Castillejos, la localidad del Reino alauita ubicada al otro lado de la frontera de Ceuta.

Una vez allí, el progenitor se separó durante «una hora» del pequeño, que supuestamente iba a cruzar el paso «en un coche de alta gama». Sin embargo, fue introducido, según la testifical del niño, por «una mujer marroquí» en una maleta en la que «no podía respirar muy bien» y en cuyo interior fue localizado en el escáner del paso fronterizo por la Guardia Civil.

Para la mujer que transportaba la maleta, F.E.-Y., que ahora tiene 22 años y que se encuentra ilocalizable tras ser liberada después de pasar doce meses en prisión provisional, pedía la Fiscalía seis años de cárcel. Al superar el límite de dos, no ha podido ser juzgada en rebeldía.

La condena «no afectará» al procedimiento administrativo iniciado por A.O. para conseguir la nacionalidad española y poder reagrupar a su familia en Bilbao, donde reside actualmente.