La oposición empieza a calibrar el coste político que un segundo referéndum tendría para el Ejecutivo

Todos los grupos han seguido la comparecencia de Puigdemont y aunque en público tanto Ciudadanos como el PSOE hacen hincapié en que la consulta no puede celebrarse, en privado admiten que el Ejecutivo tiene poco margen de respuesta, si como parece la Generalitat se empeña en seguir adelante e ignorar la previsible suspensión del Tribunal Constitucional.

Asumiendo en privado este escenario, el debate que se abre es el del coste político que tendrá un segundo referéndum para el Gobierno de Mariano Rajoy . Fuentes del PP restan importancia a esta derivada pero fuentes tanto del PSOE como de Ciudadanos creen, en cambio, que la celebración de una segunda consulta dejará tocado al Ejecutivo. «Si las urnas salen de nuevo, la incapacidad del Gobierno para encontrar una solución a esta crisis será un hecho», aseguran desde la dirección del PSOE. Es evidente que ambos partidos intentarán aprovecharlo electoralmente.

En esta línea, dentro del PP existe un sector fuertemente crítico con la estrategia del Gobierno , y que considera que esta crisis debió encauzarse cuando aún era una cuestión fiscal. «Se ha gestionado muy mal y según pasa el tiempo, las opciones son menores», censuran.

Pero, en general, el Grupo Popular cierra filas con el Ejecutivo. «No han dejado ninguna opción a la negociación, solo podemos aceptar su imposición y así es imposible llegar a un acuerdo», sostiene la mayoría. Llegados a este punto, las salidas del Ejevutivo, efectivamente, son pocas.

El Gobierno impugnará cualquier declaración que huela a convocatoria de referéndum ante el Tribunal Constitucional pero la reforma de las atribuciones de esta instancia que realizó el Gobierno en 2015, pensando en la crisis territorial catalana, no modifica sustancialmente la estrategia que puede seguir el Estado respecto a la primera consulta ilegal.

Permite al TC inhabilitar directamente a cualquier cargo público que incumpla una de sus resoluciones formales pero se requiere eso: una resolución dictada. Algo que no parece que pueda producirse antes de que se celebre el referéndum.

En este sentido, los letrados consultados coinciden en que esta reforma sirve más como arma disuasoria que defensiva y lo mismo apuntan para el otro movimiento que podría realizar el Gobierno, el uso del artículo 155 de la Constitución para la suspensión de la autonomía.

Permitiría al Ejecutivo por ejemplo, suspender la competencia de Interior de la Generalitat de manera temporal. La Administración Central podría así controlar a los Mossos d'Esquadra y pedirles que impidan la salida de las urnas.

Pero el Gobierno podría encontrarse con altercados dentro de este cuerpo y también por parte de los ciudadanos. Una imagen que daría la vuelta al mundo y aumentaría las simpatías hacia los independentistas.

Es evidente que el Gobierno estudiará muy bien cualquier paso a dar y aunque desde La Moncloa se insiste en que el referéndum no se celebrará porque se usarán todos los mecanismos posibles para impedirlo, tanto PSOE como Ciudadanos no ven al PP con la decisión suficiente para hacerlo.