Moncloa cede y ofrece al PP una consulta más amplia de las alertas sobre el Covid-19

Presidencia espera que los populares acepten estas nuevas condiciones mientras sigue ganando tiempo a la espera de que se enfríe la gran polémica creada. El pasado 25 de junio, ABC destapó en exclusiva que La Moncloa se negaba a compartir las alertas con la oposición pese a que están clasificados como documentación «de uso oficial» y no como materia reservada. Pese a ello, el director del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo , está negándose a compartirlas.

Fuentes de La Moncloa argumentan que no procede su difusión pública puesto que emanan del Departamento de Seguridad Nacional. Pero al carecer de clasificación reservada, su solo origen invalida ese argumento ya que la Constitución obliga al Gobierno a compartir con los diputados la documentación que éstos le soliciten y la Ley de Seguridad Nacional libra a la Cámara Baja de la aplicación de reservas. Otra de las justificaciones ofrecidas desde Presidencia es que las citadas alertas son una mera recopilación de datos públicos. Pero, en ese caso, no se entiende el veto a compartirlas.

Los populares tendrán que decidir ahora si aceptan estas nuevas condiciones y consultan los ficheros o si deciden acudir a los tribunales. La primera opción tiene el problema de la confidencialidad mientras la segunda tiene el inconveniente de la dilatación. A corto plazo, y aunque no sea la opción que jurídicamente correspondería, la consulta de los ficheros es la que más rédito puede traer a los populares aunque sea confidencial. Además, la investigación de las alertas no impide que el grupo mayoritario siga reclamando copia de las mismas donde considere oportuno.

El cambio de postura de La Moncloa ha tenido lugar después de que el PP redoblara su ofensiva, solicitando los citados ficheros también a través del Senado y recurriendo en amparo a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet . La respuesta que el Gobierno otorgó a los senadores populares fue, igualmente, un «no» a remitir copia de los ficheros y una oferta telefónica para consultar los mismos en las condiciones antes explicadas. En cuanto al recurso de amparo, Batet contestó al PP que no cabía atenderlo dado que el Gobierno había remitido contestación, aunque ésta fuera «insuficiente o inadecuada» a ojos de los demandantes. Según Batet, no le corresponde a ella valorar el contenido de la respuesta del Gobierno sino limitarse a realizar «un examen liminar que permita constatar que el Gobierno ha dado respuesta a la iniciativa presentada». Pese a ello, la presidenta del Congreso remitió a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , copia de la queja de los populares el pasado 9 de julio.

El pasado 24 de marzo, diez diputados del PP encabezados por Juan Antonio Callejas solicitaron al Gobierno copia de las notas diarias y semanales enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional a Sánchez desde que «se diagnosticó el primer caso mundial de coronavirus». Estas alertas llegan de forma encriptada directamente al jefe del Gobierno y son utilizadas por éste en sus despachos con el Rey . Ello hace que le impliquen directamente en la toma de decisiones sobre los asuntos recogidos en las mismas. Si Seguridad Nacional hubiera alertado al líder socialista sobre la peligrosidad del virus, éste no podría seguir argumentando que desconocía la gravedad de la enfermedad cuando decidió no actuar hasta mitad de marzo.