Un ex miembro de ETA, juzgado por violar a su hija

El proceso a Mikel Zuriarrain, nacido en Tolosa (Guipúzcoa) el 12 de diciembre de 1946, es consecuencia de la querella criminal presentada por su hija Iraitz hace cinco años. La mujer, que hoy tiene 33 años, denunció que su padre la había violado en el verano de 1991 con motivo de una visita que le hizo en Nicaragua, donde estaba desde 1988 con otros militantes de ETA.

Según su relato, en mayo de 1991 se reunió con su padre en Managua y luego se instalaron hasta septiembre de aquel año en una vivienda rural de Malpaisillo, localidad donde sitúa los hechos denunciados. La querella precisa que la hija de Mikel Zurriarrain, que entonces tenía 14 años, padecía anorexia y tuvo que ser hospitalizada en grave estado cuando regresó al domicilio de su madre, en el País Vasco francés, pues sólo pesaba 28 kilos para una estatura de 1,65 metros.

En declaraciones prestadas durante la instrucción sumarial del caso en Francia, el acusado reconoció haber cometido abusos deshonestos con su hija, delito ya prescrito en la legislación gala. Pero negó ante el juez haber incurrido en violación por penetración, cargo que, por el contrario,conservaría la vigencia penal.

En dependencias policiales, Zurriarain explicó ante los miembros de la lucha antiterrorista que había huido en 1988 en Nicaragua y que desde 1993 residía en México, de donde acababa de regresar para reunirse con su esposa y su hija para solucionar problemas familiares.

De hecho, ambas mujeres fueron arrestadas aquel día cuando llegaban al hotel de Villejuif y poco después fueron puestas en libertad sin cargos. La mujer y la hija explicaron que Mikel Zuriarrain se instaló a comienzos de los años 1980 en el País Vasco francés, donde vivía en situación irregular, para eludir una causa que tenía abierta la justicia española por tenencia ilícita de armas. También señalaron a los investigadores que cada una de ellas había ido a visitarlo una vez a Nicaragua.

Mikel Zuriarrain formó parte de la colonia de etarras asentada en el país centroamericano al amparo del régimen sandinista. El grupo de etarras se dispersó a raíz de la expulsión a España, en junio de 1993, de Sebastián Etxaniz, Xabier Larreategi y Francisco Javier Aspiazu por el Gobierno de la entonces presidenta Violeta Chamorro.