El AVE a La Meca implicó comisiones de más de 215 millones de euros

Según un documento de Anticorrupción al que tuvo acceso ABC, en el camino a la adjudicación de la infraestructura, las empresas españolas involucradas pactaron en forma de contratos de consultoría pagos que superan sobre el papel, los 215 millones de euros.

Así, el 10 de septiembre de 2010, las empresas españolas que integraban el consorcio hispano-árabe firmaron un «contrato de consultoría» con el Príncipe Abdulaziz bin Mishal, miembro de la Familia Real saudí, en el que se establecía una retribución de 120 millones de euros por sus servicios. Con todo, según Anticorrupción, «no consta que la cantidad le haya sido abonada en su totalidad».

Llama la atención que su empresa Al-Shoula Group formaba parte junto a la también saudí Al Rosan Contracting del consorcio hispano árabe al que se adjudicaron las obras, es decir, que se benefició del concurso y además, de esa comisión por consultoría.

Cabe recordar que las adjudicatarias estaban agrupadas bajo el denominado «Al Shoula Consortium», mismo nombre que la consultora. El consorcio español (CAVMM) se creó como persona jurídica tras la adjudicación. Explican sobre este asunto que Al Shoula es accionista de Al Shoula Consortium con un 7% del capital social y, como el resto de socios, es responsable solidario frente al cliente.

Poco después de pactar esos 120 millones con el Príncipe saudí, las empresas españolas firmaron un segundo contrato de similares características con la iraní Shahpari Zanganeh, una empresaria que, según la Fiscalía, contaría con la «confianza» de Don Juan Carlos.

En su caso, el acuerdo se firmó en mayo de 2011 y en un principio implicaba que le iban a pagar el 2% del valor contractual total del proyecto, sufragado a escote por todas las compañías . No obstante, ya en las fechas de la adjudicación, se modificó el contrato para que recibiese «una comisión fija» equivalente a 95,78 millones por servicios de consultoría.

En sus pesquisas, Anticorrupción ha concluido que se le llegaron a abonar unos 46 millones de euros, pues tanto de su declaración como de la documentación aportada por las empresas españolas a las diligencias se deduce que dejaron de pagar cuando se difundieron los audios del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en julio de 2018. Había grabado a Corinna Larsen y ella apuntaba a Zanganeh y a Don Juan Carlos en el reparto de comisiones ilegales. De hecho, cuando Anticorrupción le tomó declaración en el contexto de esta investigación, apuntó que 50 millones de euros de aquellas comisiones por el AVE le habrían correspondido a Don Juan Carlos, pero no lo ha acreditado.

Los acuerdos para estos pagos por consultoría figuran en la recta final de la adjudicación y la firma del contrato para construir el AVE a la Meca. Sin embargo, según Anticorrupción, el interés de las empresas españolas por entrar en el negocio ferroviaro en Arabia Saudí empezó mucho antes de que se lanzase el concurso en 2008.

En su relato de los hechos, enmarca en este contexto una carta que Don Juan Carlos envió en marzo de 2006 al Príncipe saudí Bin Abdulaziz, entonces ministro de Defensa, en la que le presentaba como «persona de su confianza» a Shahpari Zanganeh, le explicaba que ella podía realizar gestiones en su nombre y le anticipaba que iba a solicitarle una reunión con el consejero delegado de Indra. Ella misma le entregó la misiva en mano.

Un mes más tarde, Don Juan Carlos viajó a Arabia Saudí con ese consjero, así como con el de OHL, la propia Zanganeh y su entonces amiga Corinna Larsen, ambas, según expone la Fiscalía, como consultoras.

El relato salta de este punto a 2008, cuando se abrió el concurso para la parte más importante de la infraestructura. En agosto, de acuerdo a la información recibida de Suiza, el que era Rey de Arabia Saudí «ingresó 100 millones de dólares en la cuenta de la Fundación Lucum (en Panamá) a favor del anterior Rey de España».

Según la Fiscalía, «existe una correspondencia entre la fecha en que se inicia el concurso para la adjudicación de la Fase II del proyecto de construcción del AVE a la Meca y la fecha en que se produce el ingreso».

Relaciona este hecho con «la importante diferencia del precio ofrecido por el consorcio hispanoárabe frente al otro finalista en el concurso para la adjudicación de las obras».

Esa diferencia era del 29,6% y según declaró en Anticorrupción el que fue primer presidente del consorcio y de una de las empresas que forman parte (Consultrans), Julián García, al presentar la propuesta «eran conscientes de lo ajustado del precio ofrecido a las autoridades de Arabia Saudí».

La adjudicación se produjo el 26 de octubre de 2011 poniendo fin al concurso iniciado en 2008 y el precio, 6.500 millones de euros , «sin perjuicio de que esta cantidad pudiera verse incrementada por las adiciones o modificaciones que pudieran ser hechas por el Gobierno Saudí dentro de los términos pactados», conforme detalla el escrito.

El supuesto pago a Don Juan Carlos previo a la apertura del concurso, aunque cobraría importancia dentro del relato de los hechos, quedaría fuera de la investigación porque en aquel tiempo era Jefe del Estado y por tanto, gozaba de inviolabilidad. Lo que ha pedido Anticorrupción a Suiza es que informe de sus hallazgos en relación a lo que pasó después con el supuesto dinero. Quiere movimientos bancarios en cuentas helvéticas pero también, copia de sus diligencias de investigación. En concreto, ha pedido el interrogatorio de Larsen, «en tanto que ella habría sido la receptora y persona por medio de la cual se habrían canalizado los fondos» y la declaración testifical de Álvaro de Orleans, primo del anterior Monarca, porque según el fiscal Yves Bertossa, «es otra de las personas utilizadas por Don Juan Carlos para ocultar parte de las comisiones recibidas». Será la Fiscalía del Supremo quien cuando llegue la comisión rogatoria, investigue si hubo o no delito.