Marruecos dice que «ejerció su soberanía» al expulsar a los cinco abogados españoles

En rueda de prensa, Jalfi ha añadido que esta expulsión se hizo «en el marco de la ley que rige la entrada de extranjeros en Marruecos», y porque el objetivo final era «evitar las perturbaciones y los atentados contra el orden público».

Jalfi ha insistido además en el «espíritu de diálogo, cooperación y transparencia» que rige las relaciones entre España y Marruecos, y que se manifestó en que la embajada de España en Rabat fue advertida desde el primer momento de la detención de los juristas, que se produjo ayer por la tarde.

Esta comunicación con la embajada (justificada por ser españoles la mayoría de los expulsados) tuvo como fin «que prestaran el necesario acompañamiento consular durante la expulsión, si fuera necesario», ha indicado.

«No permitiremos bajo ningún concepto que nadie se aproveche del clima de apertura y libertades que vive el país con el fin de atentar contra su soberanía», ha dicho el ministro.

Jalfi dijo que sus palabras no presuponen el contenido del mensaje que el embajador marroquí en España, que ha sido convocado por el ministerio de Exteriores para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido, dará a sus interlocutores en Madrid.

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España indicó en un comunicado que los españoles expulsados son el magistrado asturiano Jesús María Martín Morillo, los abogados andaluces Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez Justo, la aragonesa Altamira Guelbenzu y la canaria María Nieves Cubas Armas. Junto a ellos fueron expulsados el abogado belga Eric David, la francesa Ingrid Metton y la asistente de la misma nacionalidad Joelle Toutain.

Según el comunicado de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, los españoles formaban parte de una misión que tenía como objetivo visitar a los presos saharauis que pasaron 37 días en huelga de hambre (la abandonaron el martes en la noche) para exigir un nuevo juicio.

Estos presos forman parte del llamado «grupo de Gdaim Izik», en alusión a los violentos sucesos registrados en el campamento del mismo nombre de las afueras de El Aaiún y que se saldaron con la muerte de once agentes marroquíes y dos civiles saharauis.

Los huelguistas, apoyados por organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, insisten en que fueron condenados sin pruebas por un Tribunal Militar que tomó como único elemento probatorio confesiones arrancadas bajo coacción o tortura.