Luces y sombras tras la declaración de Luis Bárcenas

Esa declaración testifical -y por tanto, con obligación de decir la verdad- que previsiblemente le acabará valiendo una querella por falso testimonio , encierra tantas luces como sombras pues hay dos hechos sobre la mesa: que el tesorero se ha venido contradiciendo una y otra vez sobre la financiación del PP en los últimos años y que si bien dice que no tiene nada que perder, el aval al primer permiso penitenciario que podrá disfrutar tras cuatro años de prisión depende mucho de su situación procesal actual. Y está siendo juzgado.

En el marco exclusivo de la trama Púnica la principal luz es también la principal sombra sobre su testimonio. El exalcalde de Majadahonda, el imputado Guillermo Ortega, declaró lo mismo el pasado mes de junio ante el juez. Habló de un sobre con 60.000 euros para la campaña de Esperanza Aguirre del que ella personalmente tendría constancia. El contexto, la orden que según declararon él y otros exalcaldes del PP, había dado el número dos de Aguirre, Francisco Granados, de recaudar un millón en cash para arropar aquella campaña. Afirmaban que una orden así no se podía emitir sin ella saberlo.

Ortega aseguró en concreto que él estuvo en una reunión en la sede del PP en la calle Génova con Aguirre y con Francisco Granados en la que entró el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta con un sobre que contenía 60.000 euros. Si era el mismo al que se refería Bárcenas o no, no está claro. Lo cierto es que el extesorero no mencionó a Ortega ante el juez como parte de aquella reunión con Aguirre en la que según dijo, sólo estaban Lapuerta, Granados, Aguirre y él. Además, concedió que el PP de Madrid no era su asunto: todo lo llevaba el gerente Beltrán Gutiérrez.

También es un hecho que Guillermo Ortega tiene el mismo abogado que acompaña a Bárcenas en su particular giro de estrategia, Gustavo Galán. Es, a su vez, el letrado que representó a Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama Gürtel y condenada en firme por el Tribunal Supremo. Pese a ello, cumple la pena en régimen de semilibertad y también viene predicando «colaboración» con la Justicia.

Bárcenas este miércoles no relacionó ese «sobrecito marrón» con 60.000 euros en efectivo con ninguna adjudicación pública concreta, sino que habló en términos generales como aportaciones que servían para «abrir puertas», es decir, para que el donante fuese tenido en cuenta cuando verdaderamente llegase el momento de contratar. No aportó, por descontado, ningún soporte probatorio.

No obstante, en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción anunciando su disposición de declarar habló tanto de donaciones finalistas como no finalistas. De las primeras, se supone, declarará ante el juez que investiga la financiación irregular del PP a nivel nacional , no en Púnica, que se restringe al nivel madrileño. Ante el juez de Púnica aseguró que tenía tres cajas de documentación sobre el tema bajo custodia de un tercero que aparecerían en el momento procesal oportuno.

La cuestión es que lo de las cajas tampoco está del todo claro. Bárcenas respondió de su propia contabilidad manuscrita del partido ante el juez del caso Gürtel en el año 2013. Comenzó declarando, explicando la mecánica de las donaciones. Pero ya no quiso seguir y acabó hasta renegando de la autoría de aquellos papeles pese a la pericial que concluía que eran de su puño y letra. Ahora alega que había suscrito una especie de pacto verbal con los populares por el que si guardaba silencio, su mujer nunca iría a prisión.

En 2015, con el caso Gürtel cobrando cada vez mayor dimensión y él recién salido de prisión provisional, concedió una entrevista en la que advirtió de que tenía pendrives y cajas de documentación comprometedora para el PP pero con perspectiva, esa afirmación también está llena de aristas.

Por un lado, la Audiencia Nacional ha puesto sobre la mesa que existió un operativo parapolicial ilegal desplegado entre 2013 y 2015 con el objetivo de sustraer a Bárcenas aquella documentación comprometedora y aunque ha ido esclareciendo quiénes estuvieron involucrados, la investigación todavía no ha encontrado el botín, más allá de unos tarjetones y unas facturas que en su día, se filtraron a la prensa. Si la Kitchen acabó en 2015 y en esas fechas Bárcenas declaraba tener un arsenal a buen recaudo, mucho no habrían conseguido.

Por otro lado, al inicio del juicio sobre el pago con la caja B de parte de las obras de la sede del Partido Popular en el que la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Bárcenas, su defensa especificó que no disponía de más pruebas sobre este asunto porque la Kitchen se las había sustraído al extesorero . En el mencionado escrito de colaboración ante la Fiscalía Anticorrupción llegó incluso a concretar cuál había sido el objeto del robo: dos pendrives y documentación.

Lo mismo dijo ante el juez que investiga la Kitchen días después. Se lo habían robado prácticamente todo, pero ahora, anuncia que le quedan tres cajas con documentación, de cuya existencia todavía no ha informado al instructor que lleva ese asunto, y que acabarán viendo la luz, tarde o temprano, para apuntalar esos «casos concretos» que, según dijo a la Fiscalía, le constan, de donaciones finalistas, es decir, a cambio de obra pública.

Esta nueva estrategia es así, también, un giro de guion, pues no hace falta remontarse mucho en la hemeroteca para encontrar al extesorero diciendo exactamente lo contrario. En una comparecencia ante el Parlament de Cataluña en ese mismo año clave 2015, Bárcenas aseguró que el Partido Popular había «recibido cantidades de donantes pero en ningún caso a cambio de adjudicaciones públicas». Y añadió: «No hay una relación entre las aportaciones recibidas y, digamos, la obra conseguida por esas empresas».

Insistió mucho en esta línea pues para entonces, defendía, como dijo en el Parlament, que los constructores y los empresarios «no se reunían con nadie, absolutamente con nadie» del PP, lo que choca frontalmente con su testimonio de este miércoles, según el cual, recibió el dinero de manos del constructor en la sede y se lo entregó a Aguirre.

«El Partido Popular nunca ha recibido ninguna aportación a cambio de la gran obra pública ni la mediana ni de la pequeña obra pública (...) Las cantidades que ingresaba el Partido Popular en concepto de donativos no tenían carácter finalista, no tenían relación alguna con alguna contraprestación concreta por parte de una administración», reiteró.

Su defensa viene enmarcando aquella defensa del PP en una suerte de pacto de «paz» con el partido porque le habían hecho creer que si guardaba silencio, su mujer nunca ingresaría en prisión. Esta tesis encierra, como las demás, sus luces y sus sombras. Luces, porque encaja con el relato de alguien que en ese aspecto concreto, no tiene nada que perder. Sombras, porque los principales perjudicados del ventilador de Bárcenas lo que interpretan es, precisamente, que está dispuesto a decir cualquier cosa con tal de que se traduzca en beneficios penitenciarios para él, pero sobre todo para su esposa.

En el centro, la Fiscalía Anticorrupción, que se afana en negar la existencia de pacto alguno y recuerda que con la ley en la mano, no es viable que la colaboración del tesorero, en caso de que llegase a ser tenida como tal, beneficiase a su mujer. Serviría, a lo sumo, para que en vez de pedir cinco años de condena en el juicio que está en marcha, se aplicase algún tipo de atenuante que rebajase su horizonte penal. Y los permisos, van aparte. Obedecen a que ha cumplido un tercio de la pena que debe afrontar y es una propuesta de la junta de tratamiento. Es el juez de Vigilancia Penitenciaria quien, oídas la junta y la Fiscalía, debe pronunciarse.