EA lleva a Estrasburgo su denuncia contra Zapatero por impedir un referéndum para el País Vasco

En una comparecencia ante los medios, el líder de EA afirmó que "la solución al mayor problema de Euskal Herria vendrá de escuchar y respetar la opinión de la ciudadanía", y aseguró que la consulta se acabará celebrando.

Unai Ziarreta, que encabezó la delegación de su partido que formalizó esta mañana la demanda contra el Ejecutivo del PSOE en Estrasburgo, subrayó que Eusko Alkartasuna "es gente de palabra" y se encuentra hoy en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "para cumplir el compromiso adquirido con la sociedad vasca: denunciar al Gobierno por vulnerar el derecho fundamental de la sociedad vasca a opinar y ser consultada sobre su futuro político".

El dirigente abertzale recordó que, durante este proceso, "ha aprendido que el Gobierno español nunca va a reconocer ese derecho por propia voluntad, por lo que tiene que forzar al Gobierno a dar ese paso". "Sólo hay una manera: sin violencia y mediante la suma de voluntades en la sociedad vasca", añadió.

A su juicio, "llegado ese día, la actual posición del Gobierno español será indefendible ante el mundo, verificará su salud democrática y no tendrá más remedio que admitir el derecho a decidir de la sociedad vasca, que no significa más que aceptar que en democracia todos los proyectos se tienen que poder defender y llevar a la práctica si tienen el respaldo de la mayoría".

Finalmente, señaló que el recurso presentado hoy "no cierra las puertas a la presentación de ulteriores recursos o alegaciones de otros partidos o personas físicas". "Nuestro recurso no excluye, de ninguna manera, la posibilidad de que otros nos acompañen en este camino", destacó.

La impugnación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, que accedió a la prohibición de la consulta, recuerda que ésta no tenía carácter vinculante y su objetivo era recabar la opinión ciudadana en la Comunidad vasca, "sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política".

En este sentido, asegura que la Ley de Consulta aprobada en el Parlamento vasco anulada por el Constitucional, constituye un instrumento legal y democrático para que el pueblo vasco pueda ejercer libremente el derecho fundamental de participación ciudadana en los asuntos de trascendencia que son de su incumbencia".

El texto afirma que "resulta esencial el papel del Parlamento Vasco en el desarrollo de los principios democráticos y en la tutela del ejercicio del derecho fundamental a la participación política del que gozan" los ciudadanos vascos A su juicio, la sentencia en la que se declara inconstitucional la consulta, "supone una merma y deterioro de los principios que inspiran el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".

En esta línea, señala que "subsiste un principio de ámbito internacional que nos refuerza en nuestro inequívoco compromiso con el Pueblo vasco y que sirve de nueva reafirmación de su derecho a decidir su propio futuro". Además, afirmó que "se trata del principio democrático que hunde sus raíces precisamente en los principios inspiradores de todas las Constituciones democráticas".

Además, ha recordado que la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece "el derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por los Ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes".

En esta línea, cree que se ha producido "una discriminación" desde el momento "en el que los ciudadanos de Andalucía pueden disfrutar de un derecho de organizar consultas que no pueden disfrutarlo los ciudadanos" de Euskadi.

En cuanto al Derecho internacional y consuetudinario, apunta que, tal como señalaba el Informe Kilbrandon, elaborado en Gran Bretaña en 1973 y que sirvió de base para la elaboración del Libro Blanco sobre Democracia y Devolución de Poderes a Escocia y Gales, al buscar los requisitos exigibles para que una comunidad pueda ser considerada como nación, "los mejores jueces son los pueblos mismos, de forma que, si un colectivo popular piensa de sí mismo como una nación separada, nada más es necesario para demostrar la existencia de tal nación".

En esta línea, se refiere a la doctrina de la Corte Suprema de Canadá de 1998, que "avanza en las consecuencias democráticas de la voluntad consciente de una sociedad para decidir su propio futuro".

El recurso recuerda que, "ante el desarrollo de un importante movimiento independentista en Québec, y a pesar de entender que no recoge en el ordenamiento jurídico ni el derecho de autodeterminación ni de secesión unilateral, si en un referéndum realizado entre los ciudadanos de Québec y ante una pregunta clara sobre secesión, se obtienen resultados positivos", el Gobierno de Canadá", "en virtud del principio democrático de respeto a las mayorías", tiene la obligación de negociar" esta cuestión. Además, apunta que Quebec "debe necesariamente negociar o pactar la solución con Canadá antes de proceder de forma unilateral".

Asimismo, recuerda el referéndum sobre el autogobierno de Groenlandia en 2008, que entrará en vigor el 21 de junio de 2009, por el que "pasa a decidir sobre áreas estratégicas como la jurídica y sobre una posible futura autodeterminación", mientras que "la política exterior quedaría a cargo de Dinamarca". Por último, destaca que el Gobierno de Escocia ha anunciado la celebración de un referéndum para el 2010.