El tribunal de Gürtel rechaza citar como testigos a tres exministros del PP, a Florentino Pérez y a Villar Mir

Los magistrados han tomado esta decisión al apoyarse en la posición de la Fiscalía Anticorrupción, quien considera que son necesarias ni pertinentes para los hechos. El tribunal ha afirmado que la petición de Bárcenas tiene «una base interpretativa». «Aquí no pintan nada», ha asegurado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado , quien ha señalado que las imputaciones de Correa son demasiado «genéricas».

Esta decisión la ha tomado el tribunal en una nueva sesión del juicio en la que el líder de la trama Francisco Correa ha rechazado responder a las acusaciones popular y a las defensas de los demás acusados, y solo ha atendido a las cuestiones de su propio abogado. Correa ha defendido que todas las incriminaciones que vertió sobre Bárcenas, con quien dijo que amañó contratos públicos y se repartió comisiones, es «cien por cien» verdad. El letrado que defiende al extesorero ha enumerado contradicciones y ha acusado a Correa de mentir para perjudicar a Bárcenas y al PP. Ha asegurado que el cabecilla está enemistado con Bárcenas .

«Nunca me ha pagado un viaje», ha relatado Correa, quien el viernes pasado señaló que abonó numerosos viajes privados para el extesorero del PP. Ha vuelto a insistir en que le llevaba dinero, que el recaudaba de los empresarios a través de otros enlaces, a su propia casa en la calle madrileña de Príncipe de Vergara, y a la sede del PP en la calle Génova. «Yo tenía una tarjeta especial, la de los miembros de la ejecutiva del partido, y entraba directamente al parking, sin pasar escáner».

El cabecilla de la Gürte ha declarado este lunes ante el tribunal que juzga las supuestas actividades corruptas de la red que colonizó numerosas administraciones del Partido Popular antes de la crisis. El acusado, para el que la Fiscalía pide 125 años y un mes de prisión, ha reconocido gran parte del rosario de acusaciones que pesan contra él, por primera vez.

En su confesión controlada , que comenzó el jueves pasado (el primer día de su interrogatorio), Correa admitió que amañó contratos públicos y se repartió comisiones con el extesorero del PP Luis Bárcenas, que sobornó a antiguos alcaldes y concejales y que pagó con dinero negro actos electorales del PP . El cabecilla de la trama exculpó a los empleados de sus empresas y a su mano derecha Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, y acorraló a Bárcenas.

Este lunes, el cabecilla ha respondido a las cuestiones de su abogado defensor tras haber rechazado atender a las acusaciones, entre ellas la del PSOE valenciano, a quien planeaba contestar. Las defensas de los demás acusados han enumerado sus preguntas, ignoradas por Correa. El interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción finalizó el pasado viernes; y no atenderá a otras acusaciones.

Después de Correa, lo previsible es que el turno sea para Crespo, para quien la Fiscalía pide 85 años de cárcel. El tribunal anunció el pasado viernes su preferencia porque sea interrogado Álvaro Pérez, «el Bigotes» , pero este lunes ha anunciado que tendrá lugar más tarde al haber decidido citar como testigo a su asesor fiscal, José Sevilla.

El cabecilla de la trama, según pudo saber ABC, cambió su tono ante la llegada del juicio con la intención de reducir los años de cárcel si es condenado. Para ello, renunció a cuestionar la investigación, como muchos otros acusados, y pidió a la Audiencia Nacional que liberara 2,2 millones de euros de sus cuentas embargadas para devolver toda la responsabilidad civil que le exigen para reparar los daños.

En la vista también es juzgado el propio PP y la ex ministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo: es decir por haberse podido lucrar de la trama corrupta sin conocer el origen delictivo de los fondos. Si el tribunal concluye que los delitos se produjeron, ambos tendrán que devolver el dinero que se beneficiaron.

Este juicio aborda las supuestas actividades irregulares de la trama entre los años 1999 y 2005 en unas regiones concretas: los municipios de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Estepona, y las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León. El Ministerio Público pide 738 años de prisión para un total de 37 acusados por corromper la función pública y saquear las arcas del Estado.