Los letrados del Parlament encabezan la resistencia a las ilegalidades de Forcadell

Un ejemplo de esta digna resistencia son las advertencias a Carme Forcadell que Xavier Muro y Antoni Bayona , los máximos responsables jurídicos de la Cámara autonómica, realizaron, tanto por escrito (con un texto impecable desde el punto de vista jurídico) como de palabra, en relación a las ilegalidades que se estaban cometiendo con la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión».

Así, Muro, secretario general y responsable de los servicios jurídicos parlamentarios, mantuvo un duro rifirrafe con Forcadell en la primera reunión de la Junta de Portavoces celebrada el miércoles dedicada a dilucidar sobre la ley del referéndum de autodeterminación, según varias fuentes parlamentarias. La discusión fue sencilla. Muro alertó de que se desacataría una obligación del TC si se admitía a trámite la propuesta de JpS y la CUP. Forcadell no dio su brazo a torcer.

Fue entonces cuando Muro dio órdenes a su equipo de funcionarios para que no se tramitase la decisión de la Mesa, y evitar así que se publicase en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC). Como informó ayer ABC, esta admisión se acabó publicando porque alguien suplantó la identidad de Muro. Nada se sabe todavía de la autoría del polémico documento que figura con el sello de salida del registro de la Secretaría General.

Pero Forcadell, arropada por los otros tres diputados de JpS (Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet) y el representante de CSQP (Joan Josep Nuet), mantuvo el pulso a la democracia al precio, también, de enfrentarse a Bayona, letrado mayor del Parlamento autonómico.

En otra de las varias reuniones de la Junta de Portavoces –esta vez del jueves–, Bayona pidió la palabra para volver a advertir de la ilegalidad que se iba a cometer si se aprobaba la ley de transitoriedad. «¿Puedo hablar?», dijo el letrado. «No», respondió Forcadell, cansada y agotada por el descontrol que se estaba dando en la cámara parlamentaria que ella rige más como expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que como segunda autoridad autonómica de Cataluña.

En las últimas 72 horas –amén de los diputados encargados de llevar la voz cantante de Cs, PSC, CSQP y PP en el pleno– los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) también optaron por mantenerse firmes en defensa de la legalidad y argumentaron que desde el Parlamento autonómico se estaban vulnerando los derechos de los diputados con las maniobras propuestas por JpS y la CUP y aceptadas por Forcadell.

En varios escritos, en respuesta a Cs, PSC y PP, el CGE recordó siempre que no se puede aprobar una ley sin abrir un plazo de tiempo para que esta institución dé su opinión.