El juez requiere a PwC documentación que el BBVA no aportó al caso Villarejo

En concreto, la petición, que se ha realizado de viva voz durante la comparecencia como testigo perito del socio de Forensic de PwC, Javier López Andreo, se ha materializado en forma de requerimiento por escrito para que en un plazo no superior a 10 días entregue 223 correos electrónicos, entre otros archivos, como un resumen y una adenda que obran en su poder y no fueron aportados al procedimiento.

No es la primera vez que el juzgado requiere a la consultora esta documentación que recibió en bruto del BBVA para su análisis en busca de evidencias de prácticas posiblemente delictivas por parte de directivos del banco en el contexto de los encargos al comisario Villarejo.

Sin embargo, de acuerdo a la documentación que obra en la causa, PwC se atenía a que el encargo de elaborar un forensic de la situación procedía de Garrigues, el bufete que representa al banco en este procedimiento y por tanto, la documentación estaba protegida por el secreto de relaciones con su cliente, por un lado; y por el derecho de defensa, por otro.

Durante la declaración ha quedado no obstante de manifiesto que no los consultores de PwC que elaboran el forensic no sólo recibían instrucciones del despacho de abogados, sino también del propio banco , que está investigado como persona jurídica en el procedimiento.

Siguiendo esas instrucciones, se habría omitido la incorporación de determinada documentación relevante, como sería el caso de esos correos electrónicos, que contendría tanto pruebas de cargo como de descargo para los directivos involucrados y podría arrojar luz sobre algunos de los trabajos que realizó Villarejo y sobre los que la consultora no ha realizado entregables por haber descartado, siguiendo instrucciones, determinados criterios de búsqueda entre los archivos que se le proporcionaron, siempre según las mismas fuentes.

Ahora, el juez ha dado diez días al perito para aportar esa documentación en bruto que ya le solicitó durante su primera comparecencia el pasado 20 de febrero, bajo apercibimiento de que, si no lo aporta, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Entiende que siendo testigo perito y con obligación de decir la verdad, no puede ampararse en secreto profesional alguno. Tiene documentación que vincula a un investigado en una causa penal, como lo es el BBVA en calidad de persona jurídica, y debe aportarla, tal y como le ha trasladado durante la sesión, de acuerdo a las fuentes consultadas.

En aquel momento se le solicitó el 'mapa de calor' con las palabras clave que se le habían proporcionado para bucear entre los archivos del BBVA y realizar el forensic, el informe preliminar sobre los resultados de los procedimientos de investigación y análisis forense relacionados con el directivo Antonio Béjar y los 223 correos electrónicos , según la documentación a la que tuvo acceso ABC.

Sin embargo, de estos últimos archivos sólo aportó un listado ya que, según alegó, «la representación letrada de BBVA» le había informado de que «el levantamiento del privilegio del secreto profesional» que le había concedido era «sólo para contestar a las preguntas formuladas» durante su declaración aquel 20 de febrero, pero «no alcanza la presentación de documentación al juzgado».

«En este sentido, me han remitido un fichero Excel que identifica cada uno de los 223 archivos por su número HASH y los clasifica en atención a las razones por las que a su juicio no deben aportarse al procedimiento. También me han entregado u na Nota Explicativa que desarrolla los motivos por los que para cada uno de estas categorías considera improcedente su aportación », decía el escrito del consultor de PwC, que trasladaba únicamente esos dos documentos.

Del listado y de la denominación de los archivos acusaciones como la que ejerce el presidente de Ausbanc Luis Pineda llegaron a la conclusión de que escondían indicios de delito y reclamaron al juez que a su vez, recabase todo el conjunto documental.

En su caso, se cuestionaba que la Audiencia Nacional no hubiese enviado a la Policía Judicial directamente a intervenir todas las «potenciales evidencias digitales», al considerar que «no puede quedar en manos privadas la obtención de las fuentes de prueba».