El juez impulsa el caso Madeja y pide documentación al ayuntamiento de Sevilla

Entre estas diligencias, el juez solicita al Consistorio sevillano que aporte el número de contratos adjudicados a las sociedades Fitonovo y Fitoverde, el importe de los mismos y el porcentaje que estas adjudicaciones representaban en el «volumen de contratación total de cada delegación para la partida presupuestaria» correspondiente. Fitonovo , una empresa dedicada en la teoría a la consultoría ambiental, en el eje de la trama de corrupción, pagó dádivas por 4,3 millones de euros y se nutrió de facturas falsas, según los investigadores.

El juez, quien rechaza además archivar el caso contra un funcionario del ayuntamiento de Sevilla, pide a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social que designen a dos funcionarios, «en funciones de auxilio judicial», para que elaboren un informe sobre las consecuencias de la actividad de Fitonovo. El juez alude, en concreto, a «la deducción de facturas falsas y la llevanza de doble contabilidad para encubrir el pago de comisiones, hechos que podrían venir desarrollándose durante los ejercicios 2000 al 2013». El juez busca que cifren el fraude tributario y a la Seguridad Social.

Para los próximos 11 y 12 de noviembre, el juez ha citado a declalar a 8 imputados, entre funcionarios y empresarios ligados a las firmas que hicieron negocios con Fitonovo. Son Javier Isidoro Gómez Garcimartin , funcionario del ayuntamiento de Sevilla; José Ulises Pérez González , ingeniero del cabildo de Las Palmas; José María Maya Cáceres , jefe de carreteras del Gobierno de Canarias; Rubens Coba Falcón , gerente en Canarias de la empresa Api Movilidad; Gustavo Adolfo Gómez Jiménez , representante y delegado en Canarias de la empresa Elsamex; Francisco Javier Amieva Rodríguez , el administrador único de Klevin, una empresa de control de plagas; Juan Francisco Naranjo , administrador de la compañía Suministros Agrícolas Naranjo; y Fernando Rodríguez , administrador solidario de Reyes y Donlas.

El juez De la Mata asumió esta investigación al apreciar su grave repercusión en la economía nacional. El magistrado explicó que la «compleja instrucción», cuyos hechos nacieron en Mercasevilla, el foco del que también brotó la corrupción de los ERE de Andalucía, afecta a la seguridad del tráfico mercantil y perjudica a una generalidad de personas, repartidas en varios territorios de España.