El juez descarta mantener vivo el caso Dina tras la pericial fallida de la tarjeta

En un auto notificado este jueves, el instructor acordaba así que no habrá más prórrogas para indagar en esta pieza separada que nació en marzo de 2019 cuando entre los archivos del comisario José Manuel Villarejo se encontraron imágenes que procedían del móvil de Bousselham, parte de los cuales se habían publicado en prensa. La Fiscalía Anticorrupción está de acuerdo. Había pedido al juez que dejase sin más que venciera el plazo porque tampoco ve que quede más donde investigar.

Esto llama la atención, porque cuando presentó un recurso directo de apelación contra la decisión del juez de cerrar la causa en octubre de 2020, le reprochaba un cierre «en falso» sin investigar el hecho de que «en las carpetas intervenidas a Villarejo existe mucha más información de Dina Bousselham y de terceros, publicada y no publicada» sobre la que no se habían practicado indagaciones. Buscaban supuestas maniobras de intoxicación informativa del comisario y a posibles cómplices de esa actuación. Ya no.

«Una vez que se practiquen las diligencias que restan por practicar, se considera que la instrucción estará finalizada, por lo que no ha lugar a su prórroga . Puesto que no es preciso practicar ulteriores diligencias de investigación, ya que se consideran suficientes las acordadas hasta este momento, no ha lugar a prorrogar el plazo de instrucción, que se entiende concluido en fecha 29 de enero de 2022», dice la resolución a la que tuvo acceso este diario.

Esta iba a ser la línea de investigación sobre la pata mediática de la presunta organización criminal de Villarejo, que habría obtenido contenidos del móvil de Dina Bousselham y luego los habría filtrado a la prensa para hacer daño a Pablo Iglesias. Con esta tesis de partida, tanto ella como él, que en marzo de 2019 estaba a punto de iniciar campaña electoral, entraron en el caso como perjudicados.

Pero todo quedó diluido cuando un año después de iniciada la investigación, la Fiscalía Anticorrupción señaló indicios de delito en la conducta de Pablo Iglesias. La razón, que r ecibió la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio y consultó su contenido. Sabiendo así de quién era, que contenía material íntimo y que, además, a ella le habían robado el teléfono unos meses atrás, se la quedó y no dijo nada a su dueña. Cuando al cabo de unos meses -no se ha esclarecido cuántos- se la devolvió, la tarjeta no funcionaba.

Conclusión: daños informáticos y revelación de secretos. Fiscalía proponía llamar a Bousselham porque si perdonaba este último delito, no había causa contra Iglesias, ya que esos daños informáticos habrían sido en todo caso, de poca entidad. Pedía además, expulsar a Iglesias de la causa y así lo hizo el juez, pero su decisión fue enmendada después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recurso mediante. El tribunal estableció que si concurrían esos indicios delictivos lo que tenía que hacer era enviar el asunto al Supremo porque Iglesias seguía siendo vicepresidente y así, aforado.

Ese fue el siguiente paso, en octubre de 2020. Para entonces la pieza llevaba año y medio abierta y sólo estaban imputados el propio Villarejo y dos periodistas de la extinta revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles. Asensio, que nunca fue imputado, le había dado la tarjeta a Iglesias. Los periodistas, que nunca publicaron su contenido, le dieron una copia a Villarejo que, según les contó, andaba investigando a Podemos en aquella época. Era principios de 2016, las fechas de la investigación original sobre presunta financiación irregular procedente de Venezuela que acabó archivada y ahora, por cierto, se ha reabierto.

García Castellón, al tiempo que enviaba el asunto de Iglesias al Supremo, cerraba el resto de la investigación enfilando a juicio a Villarejo y los dos periodistas. Ellos se implicaron solos, pues fueron sus propias declaraciones explicando las circunstancias en que entregaron la copia al comisario las que les valieron la imputación por revelación de secretos. El pendrive que entregaron no ha aparecido. Y el contenido de la tarjeta de Bousselham no se puede contrastar con el hallado en manos de Villarejo porque el dispositivo está averiado.

La cuestión es que el Supremo le dijo a García Castellón que no había suficiente. Que para acordar la imputación de Iglesias se necesitaban más indicios: Debía diseccionar esa tarjeta y averiguar si los daños que sufría se habían infligido deliberadamente , intentar recuperar su contenido y esclarecer cuál fue la última fecha de acceso. La tesis del instructor es que si Pablo Iglesias recibió la tarjeta y funcionaba, y al entregarla a Bousselham ya no, lo que sea que le sucediese al dispositivo fue cosa suya. O al menos, de uno de los dos.

Pero llegados a esta punto, con la pericial infructuosa porque, tal y como informó este diario, solo se ha conseguido acceder a la mitad del contenido pero no leerlo, esa línea de investigación no tiene más recorrido. Queda escuchar a Bousselham para que, en línea con la encomienda del Supremo, se pronuncie expresamente sobre si perdona a Pablo Iglesias la revelación de secretos o quiere proceder contra él, cosa poco probable. Ahí los periodistas, como la defensa de Villarejo, tendrán oportunidad de insistir en que es discutible eso de perdonar a unos sí y a otros no cuando el ilícito, revelación de secretos, es el mismo y el objeto, que es la tarjeta, también.

Se escuchará igualmente a Eugenio Pino, porque así lo ordenó la Sala de lo Penal, para que diga si efectivamente en aquellas fechas había en la Policía que comandaba investigaciones sobre Podemos, como dicen los periodistas que les hizo saber Villarejo. Difícilmente puede decir lo contrario cuando la causa que ahora se ha reabierto en la Audiencia Nacional con las declaraciones del general chavista Hugo Carvajal es justo de ese año. Además, se instruye en el mismo juzgado.

Por último, Ricardo Sa Ferreira, el hombre que dijo que después de que le robasen el móvil a Dina Bousselham no recuperaron nada y que luego envió personalmente la tarjeta a un servicio de reparación en Reino Unido. Él, como ella, se siguen jugando una imputación por falso testimonio , aunque eso, de llegar, será materia de los juzgados ordinarios.