El juez del caso mascarillas escucha hoy a la mujer que enlazó a Medina con el primo del alcalde de Madrid

Sobre el primer asunto, Carretero ha citado a María Díaz de la Cebosa, directora de la universidad privada The College for International Studies (CIS) con sede en Madrid, en la que Luis Medina dijo haber estudiado un año. Fue él quien la involucró en el asunto al revelar que en su búsqueda de compradores para el material sanitario que podía conseguir Luceño, recurrió a ella en calidad de «amiga» para pedirle un contacto en el Ayuntamiento de Madrid .

Y lo tenía. Díaz de la Cebosa, además de presidir la mencionada universidad y encabezar la ONG Cruzada por los Niños, está al frente de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights en España . En el equipo directivo de esa entidad se sienta el abogado Carlos Martínez Almeida en calidad de secretario no patrono . Es el primo del alcalde de Madrid y fue su móvil el que Díaz de la Cebosa habría proporcionado a Medina cuando este le pidió ayuda para abrir camino. En su mano está, como testigo, confirmar, matizar o desmentir esta versión.

La Fiscalía Anticorrupción, de momento, no ve problema en este asunto porque al final, los delitos que aprecia en esta historia habrían tenido lugar mucho después de ese primer contacto. Su tesis es que Medina llamó a Carlos Martínez Almeida y este se limitó a proporcionarle el contacto de la funcionaria que estaba centralizando las compras de material sanitario en aquel momento en el Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. No sospecha de un tráfico de influencias en esa gestión previa.

Collado, de hecho, iba a comparecer también este lunes pero el instructor suspendió la citación al ver que acusaciones populares como la que ejerce el PSOE de Madrid solicitaban que fuese convocada como imputada y no como testigo. Anticorrupción rebatió sus pretensiones en un escrito en el que, tal y como adelantó ABC, describía a la funcionaria como la principal víctima del engaño desplegado por Luceño. No ve que su conducta pueda constituir ni una malversación (ni siquiera era la competente sobre los fondos) ni una prevaricación (no consta que dictase una resolución arbitraria a sabiendas). El juez, no obstante, aún no ha decidido al respecto.

Además de escuchar a Díaz de la Cebosa, el juez ha citado a los dos directores de las oficinas bancarias donde recibieron Luceño y Medina su tajada de aquel contrato. El primero percibió 5 millones de dólares procedentes de Malasia y el segundo, otro millón. Los controles antiblanqueo de ambas entidades saltaron al localizar la transferencia y llamaron a sus beneficiarios para que la justificasen con documentación.

El problema fue que los papeles aportados por Luceño, los mismos que luego daría a Medina para que también justificase su ingreso, tenían visos de falsedad. El Servicio Estatal de Prevención de Blanqueo dio la voz de alarma y fue así como la Fiscalía Anticorrupción acabó abriendo diligencias. El juez tiene a ambos investigados también por un presunto delito de falsedad documental.