JpS juega al engaño con la ley del Referéndum

Antes de que eso suceda, el próximo pleno del Parlament -previsto para el 6 y 7 de septiembre- debería aprobar la propuesta de Ley del Referéndum de Autodeterminación que los partidos independentistas presentaron en el registro el pasado 31 de julio, una ley que, de forma anómala, y por el momento, no está en el orden del día de hoy de la Mesa para su admisión a trámite. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell , que es quien tiene la potestad para organizar el orden del día del órgano rector del Parlament, parece pues que sigue la estrategia dilatoria que trata de retrasar en lo posible el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno ha anunciado para el momento en el que la Mesa admita a trámite el texto.

Ayer al cierre de esta edición, la citada ley seguía sin estar incluida, lo que no impediría que esta mañana mismo se pudiese modificar el orden del día, algo que provocaría la inmediata reacción del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, que esta tarde celebra un consejo de ministros extraordinario para abordar la situación del Aeropuerto de El Prat. No obstante, fuentes políticas consultadas por este diario dan por hecho que el independentismo, tal y como avanzó ABC el pasado 2 de agosto, apurará los plazos para que la firma del decreto de convocatoria del referéndum por parte del presidente Carles Puigdemont se pueda realizar entre la aprobación en el pleno y la publicación en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC), y la presumible suspensión por parte del TC.

Para ello, JpS y la CUP tienen diversas opciones para sortear la suspensión del TC de la reforma del reglamento de la Cámara con la que pretendían precisamente sacar adelante la ley del Referéndum por la vía exprés o de lectura única . Tal y como se ha recordado desde el independentismo, el reglamento vigente permite la modificación del orden del día del pleno una vez ya ha empezado a petición de dos grupos, aunque el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió de que esta posibilidad se refiere a las propuestas ya admitidas por la Mesa; lo que de momento no es el caso, a no ser que su admisión a trámite se produzca hoy o en otra reunión de la Mesa la próxima semana.

Otra posibilidad sería que la ley del Referéndum no se tramitase a propuesta de los grupos sino como proyecto de ley presentado por el gobierno catalán, o incluso como decreto, lo que, obviamente, acortaría los plazos. Sea como fuere, desde los partidos constitucionalistas se denuncia la instrumentalización de las instituciones, la lectura forzada del reglamento del Parlament y, en definitiva, la laminación de los derechos de los partidos de la oposición. «Juegan al gato y al ratón en busca un mayor impacto o eficacia de sus medidas», denunció ayer Alberto Fernández (PP) en relación a la probable no admisión a trámite hoy de la ley del Referéndum.

En medio de la estrategia de despiste del soberanismo, el portavoz del grupo del PPen el Congreso, Rafael Hernando , deslizó ayer que «por razones temporales y jurídicas» se hace más difícil la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de la autonomía. Y apostó por otras fórmulas «más oportunas y realistas» para afrontar el intento de la Generalitat de celebrar el referéndum del 1 de octubre.

En una entrevista con Ep, Hernando explicó que «en estos momentos» el margen para recurrir al 155 se habría quedado tan estrecho que ya no resolvería la situación. La aplicación de este artículo constitucional, que debe aprobar el Senado, exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámara Alta una propuesta con las medidas concretas que plantea para su debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Este órgano debe a su vez pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final debería votarse en el Pleno, donde el PPtiene mayoría absoluta. Un proceso farragoso que en opinión de Hernando resulataría ya imposible de activar con carácter preventivo ante el 1-O.

«Por razones de práctica temporal y jurídica, en estos momentos, el artículo 155 no resolvería el problema», señaló el portavoz popular, que consideró que que hay medidas «más oportunas y realistas» y que está en manos de los tribunales responder al incumplimiento de la ley o decidir si se cometen delitos como el de sedición. Unas declaraciones que causaron desconcierto en Moncloa, donde ayer insistían en que el Gobierno se reserva hasta el final todas las cartas frente al órdago catalán. Génova también matizó las palabras de su portavoz parlamentario, que vio «arriesgadas» y se plegó a la estrategia de cautela que mantiene Moncloa.

En todo caso, Hernando sí dejó claro que el peso de la ley «acaba cayendo encima» de quien no acata las normas y que el Estado de Derecho tiene «distintos mecanismos» para evitar que la consulta del 1-O se celebre. «No va a haber referéndum», insistió .