Los jueces acusan al CGPJ de proponer un plan de choque frente al coronavirus ajeno a la realidad

Así, asegura que el CGPJ «ha aprovechado» la situación de estado de alarma para proponer una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, «un cambio estructural de modelo procesal». La mayoría de las propuestas no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus, señala.

«Mostramos nuestra preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político . Los órganos constitucionales no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social».

Denuncian, además, que el órgano que dirige Carlos Lesmes no ha hecho un estudio económico del plan en su conjunto, sino que se ha limitado a señalar si los cambios propuestos tienen o no ese impacto económico. «Queremos reiterar (...) que sin inversión económica es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses. Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo», advierten.

Tras tildar de preocupante que el CGPJ proponga eliminar la oralidad en procedimimientos civiles y laborales por el retroceso que ello supone en el principio de inmediación y lejanía del ciudadano respecto al juez, señala que no se trata de reducir la celebración de juicios sino de dotar de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global. La medida propuesta es un parcheo que supone una pérdida de derechos para los ciudadanos.

Tampoco consideran una buena idea limitar el número de recursos en segunda instancia en las jurisdicciones civil y social en materias tan sensibles como son lo¡aboral o familia. A su juicio, supone «una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos». Al margen de eso recuerdan que no es en segunda instancia donde va a estar el impacto judicial del coronavirus, sino que donde va a aumentar la litiogiosidad es en primera instancia. (pleitos laborales, de familia, responsabilidad patrominal del Estado...).

Respecto a la habilitación del mes de agosto en Tribunales la ven como un «gravamen adicional» para los abogados y procuradores, quienes «no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio».

La habilitación de un mes no producirá un efecto de mejora de la pendencia y, sin embargo, causará perjuicios en otros colectivos. «Entendemos que pueden reforzarse los juzgados mediante la habilitación de entre dos o tres tardes a la semana (las mismas en todo el territorio nacional) servidos por comisiones de servicios o refuerzos voluntarios y retribuidos, de manera más eficaz y sin merma de derechos de ningún colectivo».

En líneas generales, Francisco de Vitoria considera que estas propuestas suponen «una burocratización» de la Administración de Justicia , una merma de los principios de oralidad, inmediación y contradicción y una degradación de las últimas promociones de jueces, a quienes «se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la Escuela Judicial».