De Juana queda en libertad bajo fianza mientras se resuelve su entrega a España

Visiblemente más gordo que la última vez que se le vio en España, el 2 de agosto, el mismo día que abandonó la prisión, a De Juana no le está sentando nada mal su estancia irlandesa: se ha apuntado en la oficina de desempleo, tiene cartilla de la Seguridad Social británica, está siguiendo un curso de inglés y recibe ayudas oficiales como cualquier otro inmigrante en paro que debe cubrir sus necesidades. Lleva seis semanas en Belfast, después de haber recalado un tiempo en Dublín, la capital de la República de Irlanda.

De acuerdo con las condiciones de su libertad bajo fianza de 5.000 libras (unos 5.900 euros), cifra con la que su defensa se mostró conforme, el etarra deberá permanecer en su casa entre las 7 de la tarde y las 8 de la mañana y tendrá que presentarse en comisaría todos los días. No puede abandonar el territorio nacional.

De Juana se presentó ayer en el juzgado veinte minutos antes de la citación, acordada por su abogado para las 9.30 de la mañana, y la vista tuvo que suspenderse de modo inmediato para buscar un traductor de español. El etarra se trasladó después a una comisaría de la ciudad, donde fue detenido. Luego permaneció custodiado en los juzgados hasta que al final de la tarde se le dejó volver a su domicilio, que fue registrado por la Policía.

La próxima vista para abordar la orden de entrega solicitada por España está prevista para final de mes, aunque podría adelantarse. Aún así la decisión de las autoridades británicas podría prolongarse más allá del plazo máximo de dos meses previsto para un proceso de este tipo, ya que desde ayer mismo el juez cuestiona la petición española.

Las dudas del juez

El juez Burgess cuestionó aspectos de la orden de detención europea impulsada por la Audiencia Nacional. En primer lugar no vio clara la doble incriminación del delito que se le imputa en España, aspecto que tampoco el fiscal de la Corona Stephen Ritchie, que actúa en representación de las autoridades españolas, supo defender oportunamente. Dio la impresión de que el fiscal no había preparado suficientemente su intervención, pues no supo contestar a varias preguntas del juez y tampoco le facilitó ciertos documentos que Burgess le solicitó.

Otro punto débil de la euro-orden, según precisó el juez, es que ésta debería tramitarse para extraditar a alguien a quien se va a procesar, y no sólo para interrogarle en una fase tan incipiente de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, en la que simplemente está imputado.

Debido a que el posible delito cometido por De Juana, enaltecimiento del terrorismo, está penado en España con menos de tres años de cárcel, la extradición no pude aprobarse de manera automática. Para la entrega habría que demostrar que el mismo delito está penado también en el Reino Unido. Y, aunque parecidas, las legislaciones no son coincidentes.

Esto último lo destacó el mismo juez, pues el código penal español castiga que se intensifique la humillación y el dolor de las víctimas, mientras que la «glorificación» y el «encouragement» mencionados por la Ley Terrorista británica de 2006 se refieren únicamente a incitar la preparación o la comisión de actos o delitos terroristas.