El PNV es inmune a la corrupción de los suyos

En Sabin Etxea se escudan en que todo ha sido lucro personal. «El caso Palau se identifica con CiU. Pero el caso de Balenciaga nadie lo identifica con el PNV», insiste Rioja Andueza, que entierra la idea de «oasis vasco» que explota el nacionalismo: «Aquí hemos tenido a un partido espiando a su propio presidente de Gobierno», recuerda sobre las prácticas que precedieron a la salida de Garaikoetxea del PNV y su traumática escisión en los ochenta.

Hoy la oposición pide crear una Fiscalía vasca anticorrupción . Y otra nota más es que en esta comunidad se asumió sin más que el diputado general de Vizcaya, del PNV, pasara directamente a presidir el Tribunal de Cuentas. Estos son los principales escándalos que embadurnan las siglas del PNV:

La mayor trama de corrupción vinculada a cargos del PNV. La Audiencia Provincial de Álava condenó en diciembre a Alfredo de Miguel, exdiputado foral de Administración Pública y ex número 2 del PNV alavés, a 13 años de prisión por urdir una red que cobraba comisiones ilegales, con amenazas y coacciones, a cambio de contratos públicos. De Miguel sigue hoy cobrando (52.500 euros anuales) como director de una sociedad pública. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2005 y 2009, y además de este cerebro de la trama se condenó a otros dos dirigentes del PNV alavés (Aitor Tellería y Koldo Ochandiano) y a un exdirector de Juventud del Gobierno. Las 1.200 páginas de la sentencia dan la envergadura y complejidad del caso, en el que se llega a describir el cobro de comisiones del 4% en los contratos públicos por parte de la trama.

El pasado 7 de febrero cayó la última condena contra un alto cargo del PNV. El exdirector de Hacienda de Guipúzcoa y exsenador de este grupo, Víctor Bravo, fue condenado a siete años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública y a una multa de 3,1 millones de euros. Víctor Bravo (hermano de José María Bravo, condenado en otro caso que se explica más adelante). El juez considera probado que entre 2003 y 2006, aprovechando su posición en la dirección de Hacienda, ofreció un trato privilegiado a la empresa Glass Costa Esta Saloy, de la que era socio. Deberá pagar una multa de 3,1 millones de euros.

Ha sido seguramente el caso más mediático porque encerraba una historia de amor y corrupción. El museo del modisto vasco más universal, Cristóbal Balenciaga, construido en su localidad natal, Guetaria, se presupuestó en 5 millones de euros pero acabó costando 30. El entonces alcalde del PNV, Mariano Cambio, encargó el proyecto a un arquitecto cubano -Julián Argilagos, que no tenía título homologado y está hoy en paradero desconocido- con el que mantuvo una relación sentimental. Camio, director gerente de la sociedad constituida en 2005 para levantar el edificio, firmó con él una cláusula por la que aumentaría sus emolumentos según creciera el presupuesto de la obra.

Camio fue condenado por administración desleal y por falsificación, aunque absuelto por malversación. Nada se sabe de los guantes, pañuelos y 35 láminas diseñadas por Balenciaga que desaparecieron, tal y como constató la conservadora y directora del museo Miren Arzalluz, hija del expresidente del PNV, hoy directora del prestigioso museo de la moda de París. Fueron regalados por Comio a mujeres de concejales del partido de Zarauz y Guetaria. No han tenido tanta publicidad como los trajes de Camps.

José María Bravo, exjefe de la Hacienda de Irún y hermano del citado exsenador también condenado, Víctor Bravo, fue condenado a 10 años de cárcel por quedarse con 1,9 millones de euros procedentes de deudores del fisco guipuzcoano.

Tampoco tuvo tanta fama como la F-1 de Valencia, pero el Gobierno vasco malgastó más de 50 millones de euros en dos proyectos truncados de automovilismo: Heriko y Epsilon, que se archivaron en lo Penal pero recibieron condena en lo Mercantil. Hay que anotar que este sueño recibió contrapartidas por el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales de Zapatero en 2010.

Igualmente, ha habido malas prácticas en la Sanidad Pública vasca (Osakidetza), y en concreto en la gestión de los contratos de externalización de las listas de espera. Un alto cargo del Departamento, José Ramón Elorriaga adjudicó a dedo a su amigo José Carlos Margüello. Finalmente, solo fueron condenados por prevaricación.

El Parlamento vasco constató el año pasado que hubo un fraude o sobrecoste de 80 millones de euros en los contratos de los comedores escolares, firmados desde 2003 por la Consejería de Educación en tiempos de Ibarretxe.

En marzo de 2019 dimitió el consejero vasco de Sanidad, Jon Darpon, en el que había sido el mayor escándalo de la presente legislatura hasta que se derrumbó el vertedero de Zaldívar. Darpon, hombre de máxima confianza de Iñigo Urkullu, dimitió por las irregularidades en la OPE (oferta pública de empleo) de Osakidetza (el sistema sanitario vasco), que afectó a 72.500 aspirantes y que obligó a repetir varios exámenes. Antes habían dimitido la directora general del Servicio Vasco de Salud y del director de Recursos Humanos, confirmando que la gestión del PNV no es infalible, al contrario. «Euskadi no es una isla ni un oasis. No somos más listos ni más altos ni más guapos», terminó reconociendo Urkullu.