Implican al número dos del PSOE en Galicia en una malversación de fondos

Implican al número dos del PSOE en Galicia en una malversación de fondos

JOSE LUIS JIMÉNEZ | SANTIAGO
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Se complica el inicio de curso político para los socialistas gallegos, apenas seis meses después del batacazo electoral que les llevó a perder el Gobierno de la Xunta. Según reveló ayer el PP, un informe de una asociación recabado durante la anterior etapa del gobierno bipartito implicaría al actual número dos del PSOE gallego, Pablo García, en una presunta trama de fraude y malversación de fondos públicos, vinculada a la contratación de un agente electoral socialista con cargo a ayudas para la promoción de empleo que ahora investiga la justicia.

Este informe está firmado por el presidente de la asociación Viticultores do Castro, con sede en la Ribeira Sacra ourensana, entidad utilizada para la percepción de las ayudas y posterior contratación como administrativa de María Isabel Blanco, quien sin embargo acabaría trabajando en una oficina del sindicato Uniones Agrarias -afín al PSOE- en Vimianzo (La Coruña), en la otra punta de Galicia, y a las órdenes del candidato socialista a la Alcaldía de Muxía, Félix Porto.

Blanco reconoció públicamente que actuó como agente electoral de Porto en Buenos Aires antes de las elecciones municipales de 2008 al mismo tiempo que percibía su salario como si trabajara en la oficina del sindicato, cuyas relaciones con Viticultores de Castro no han sido probadas todavía documentalmente.

Precisamente, antes de ocupar la secretaría de organización del PSOE gallego, Pablo García ejercía esta misma responsabilidad en Uniones Agrarias. Según explica en el informe Darío Rodríguez, presidente de los Viticultores do Castro, García fue quien designó a María Isabel Blanco para su contratación, y argumentando «falta de espacio» en las dependencias del sindicato en Orense, el propio sindicato trasladó a esta persona hasta Vimianzo.

«Financiación ilícita»

Este informe, que ayer el PP presentó ante la opinión pública, formaba parte de la investigación interna que la Xunta bipartita llevó a cabo cuando el escándalo de la agente electoral se dio a conocer el pasado año, y que entre PSOE y BNG cerraron en falso con una estéril comisión de investigación en el Parlamento.

Tras el cambio de gobierno, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo está aireando toda la documentación que su antecesor nunca quiso que viera la luz, ya que aunque sólo está imputado por la justicia Félix Porto, el escándalo salpica a varios ex altos cargos del bipartito, dos de los cuáles están llamados a declarar como testigos.

Para el portavoz de los populares gallegos, Antonio Rodríguez Miranda, «es raro que toda esta arquitectura tan bien pensada se generase sólo para un caso», y ayer apuntó a una posible «financiación ilícita» del PSOE gallego. Fuentes populares consultadas por ABC reconocieron tener «sospechas fundadas» de otros casos similares en otros municipios, y no descartaron «solicitar más información a través del Parlamento» para aclarar esta trama. En su día, el propio Alberto Núñez Feijóo estimó que esto se trataba de «la punta del iceberg» del escándalo.

El pasado martes, y preguntado por estas acusaciones, Pablo García negó toda relación con la contratación de María Isabel Blanco, aunque su nombre no aparecía todavía en ningún informe.