La ilegalización de Batasuna

La Ley Orgánica 6/2002, llamada Ley de Partidos, fue promovida durante el gobierno de José María Aznar y aprobada el 27 de junio de 2002 con 304 votos a favor (PP, PSOE, CIU, CC y el Partido Andalucista) frente a 16 votos en contra) y su objetivo era "garantizar" el funcionamiento del sistema democrático "impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".

La sentencia dictaminó que Batasuna es una organización creada y dirigida por ETA que pretende instaurar en el País Vasco un "clima irrespirable" para quienes se opongan a las tesis de la banda terrorista y sus organizaciones afines.

Asímismo, afirma que ETA diseñó y supervisó la creación de su brazo político para desarrollar una estrategia de sucesión operativa o desdoblamiento. La finalidad de la maniobra era permitir al entramado terrorista articular un reparto coordinado de responsabilidades y tareas: en adelante, los comandos se encargarían de las actividades 'militares' y quedaba en manos de su partido-pantalla la actuación política, que incluía la participación electoral y la inclusión de sus miembros en instituciones democráticas para poder deslegitimarlas desde dentro.

Además, la sentencia explica que ETA "cursaba instrucciones" por sí misma o a través de KAS a los partidos demandados. Según el texto, la banda mantuvo en estas formaciones y en puestos de la máxima responsabilidad a un "grupo altamente significativo de terroristas" condenados por la Justicia. Cita así a dirigentes y miembros de sus respectivas mesas nacionales como Arnaldo Otegi, 'Josu Ternera', María José Andueza, Floren Aoiz o Tasio Erkizia, todos condenados en su día por terrorismo o colaboración con banda armada.

La sala del artículo 61 también creyó probado que esas funciones fueron llevadas a cabo desde 1974 hasta la actualidad primero por HB y después por sus sucesoras EH y Batasuna. Entienden que entre las tres existe una relación de continuidad ya que en muchos casos sus líderes, parlamentarios y cargos públicos son los mismos. Tampoco varían sus postulados, sus señas de identidad -apoyo al terrorismo- ni sus sedes.

Como resultado de esta ley el Tribunal Supremo notificó la ilegalización el 28 de marzo de 2003 del Partido Comunista de España (reconstituido) (vinculado a los GRAPO) así como a Euskal Herritarrok y Batasuna por apoyo explícito a la banda terrorista ETA y el no rechazo de la violencia como forma de hacer política.