Iglesias se desata y multiplica sus pulsos en la recta final de los PGE

La desigualdad de competencias de Unidas Podemos (UP) en comparación con PSOE les fuerza a tener que ocupar espacios clave para no quedar subordinados. Mantienen un pulso soterrado –a veces es abierto– para introducir sus medidas o dejar su impronta en otras. Y no vacilan en criticar con firmeza las que no creen «progresistas». Aunque en ocasiones sus pasos respondan a golpes mediáticos más efectistas que efectivos, lo cierto es que el vicepresidente ha llegado a trasladar una imagen de cierta autonomía en La Moncloa elevando otra de un presidente Sánchez permisivo por necesidad.

Pero cabe la posibilidad, y ya advierten de ello altos cargos del PSOE en el Gobierno, de que una vez aprobados los Presupuestos, Sánchez se refuerce e Iglesias pierda influencia. En esta recta final, el líder de UP se ha desatado y multiplicado sus pulsos . Una tensión que ha provocado esta semana tres chispazos. UP presentó el martes una enmienda con ERC y Bildu para paralizar los desahucios y los cortes de suministros hasta 2022. No habían logrado introducirlo en el borrador de la coalición y era la última oportunidad» para forzar el debate en el PSOE. Para ello utilizaron esos 53 diputados, el «bloque plurinacional» con el que plantean presionar a Sánchez desde el Congreso.

El miércoles, UP rebasó competencias diplomáticas del PSOE al reclamar un referéndum en el Sahara en plena crisis migratoria, lo que elevó mucho el malestar. «Esto es un desastre», estallaron ministros socialistas, que acusan a los socios de «deslealtades». El viernes, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra , reprochó a Margarita Robles (Defensa) que «hace daño» a la coalición después de que ésta advirtiera de que Podemos no podía «estar en el Gobierno y en la oposición».

En el cierre del proyecto presupuestario hubo otra batalla intensa. La negociación se dilató hasta por la noche con la incertidumbre de si se presentaría el día que había dicho el presidente. Podemos apretó hasta el último minuto para introducir dos banderas ideológicas: el compromiso del PSOE a intervenir el precio del alquiler «abusivo» y «mejorar» la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación fue uno de los rompecabezas del Ejecutivo en la primera parte de la pandemia. UP luchó para promocionar como un triunfo suyo las medidas del «escudo social» y el IMV. También querían aplicar una «tasa Covid» a grandes fortunas, aunque no se materializó.

Una de las disputas más duras del Gobierno fue en junio, cuando PSOE, UP y Bildu pactaron en el Congreso derogar la reforma laboral de Rajoy. Aquello supuso un desafío de Iglesias a Ferraz porque cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, exacerbada porque desconocía el acuerdo, pidió frenarlo, Iglesias siguió dándole validez.

También desde fuera de los Presupuestos, UP está «empujando» al Gobierno para reformar los delitos de sedición y rebelión antes de las elecciones catalanas del 14-F. Se trata de un «compromiso» del PSOE en el que, según los departamentos encargados, «se sigue trabajando» y en el que UP quiere dejar su sello, pues afectaría a los líderes del «procés» presos.