La Guardia Civil rompe el nexo entre la dirección de ETA y el «colectivo de presos»

Jon Emparantza —cabeza visible del equipo de abogados de ETA en Francia— e Iker Sarriegi fueron arrestados en la localidad guipuzcoana de Hernani, mientras que Arantza Zulueta lo fue en su despacho de Bilbao. En ese mismo local fue detenida su pasante, la etarra reincidente Naia Zurriarrain. Dentro de la misma operación, la Benemérita capturó en Usúrbil al ex cabecilla del frente carcelario José Domingo Aizpurua, «Pitxas»; en Guernica, al antiguo miembro del «comando Barcelona» que atentó en Hipercor, José Luis Gallastegi Lagar, actualmente delegado de LAB en el sector pesquero; en San Sebastián, al jubilado de LAB Juan María Jáuregi, Asier Etxabe y Saioa Agirre Arauco. Esta última, portavoz de Etxerat, fue capturada cuando impartía clases a un grupo de niños de tres años en una ikastola. Y también en la capital vizcaína fue arrestado Erramun Landa Mendibe, pintor de grabados y hermano del veterano abogado batasuno Kepa Landa.

Dentro de la misma operación, los agentes realizaron una veintena de registros, tanto en los domicilios de los implicados como en sus lugares de trabajo.

Nombres en clave

La investigación de la Guardia Civi ha sido especialmente laboriosa, ya que tiene su origen en documentación recuperada del ordenador del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, «Thierry», tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Una información que estaba encriptada y en la que las identidades de los implicados se ocultaban bajo claves. Los agentes conocían la existencia en el «aparato jurídico» de un «núcleo duro», clandestino. Sabían, también, que los integrantes de este «consulting» aprovechaban su condición de abogados y pasantes para camuflar los servicios que prestaban a la banda. Pero, con paciencia, consiguieron poco a poco ponerles nombre, apellidos y, en algunos casos, su correspondiente alias.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC subrayan que uno de los cometidos principales de los detenidos era, a través del «aparato H-alboka», controlar al «colectivo de presos», a los que visitaban aprovechándose de su condición de abogados. Su labor tenía doble dirección. Por una parte, transmitían a los reclusos órdenes de ETA y, por otra, informaban a la dirección de lo que acontecía en el «colectivo de presos. Lo cierto es que disponían de un detallado archivo de los casi 800 etarras recluidos actualmente en cárceles de Francia y España. En sus fichas figuran el centro penitenciario en el que se hallan, convenientemente actualizado; los traslados; su régimen penitenciario... Estos abogados conocían, también, qué presos se mantienen sumisos a la línea ortodoxa de los cabecillas, por encima de la ponencia «Zutik» que, supuestamente, defiende el uso exclusivo de las vías políticas, o de la oferta de Alsasua que incluye la doctrina Mitchell. Por el contrario, tenían fichados a aquellos otros disidentes e incluso a los que habían dado los primeros síntomas de discrepancia con los actuales dirigentes.

Los arrestados ayer estaban en la actualidad plenamente operativos y, de hecho, habían pasado a los cabecillas datos sobre el desarrollo de los actos de protesta a los que fueron convocados los presos en enero y que, por cierto, concluyeron en rotundo fracaso por su escaso seguimiento.

Etxerat, tocada

Por otra parte, la detención de Saioa Agirre salpica directamente a Etxerat, la asociación de familiares de presos que durante años ha sido subvencionada por el Ejecutivo de Ibarretxe. Precisamente, otra de las tareas que tenía encomendado el núcleo duro desmantelado ayer era el de dinamizar el «movimiento pro amnistía» potenciando Etxerat y Askatasuna.

Los tres abogados y sus colaboradores se dedicaban también a gestionar la recaudación del «impuesto revolucionario», intentando obtener de los empresarios la mayor cantidad de dinero posible con destino a ETA, fijando incluso plazos o «bonificaciones» por pagos rápidos.

En realidad, formaban una siniestra «gestoría» con varios funciones, porque también se dedicaban a facilitar citas en Francia y España con el objetivo de reclutar nuevos pistoleros. Asimismo, facilitaban la huida a Francia o terceros países de etarras que intentaban eludir alguna operación policial. Los agentes de la Guardia Civil investigan, además, si alguno de los integrantes de esta «gestoría» recababa información sobre posibles objetivos.

El primer operativo que desencadenó la documentación de «Thierry» contra el «frente jurídico» fue la detención del abogado Iñaki Goioaga, implicado, además del cobro del «impuesto revolucionario» en un plan de fuga de etarras en la cárcel de Huelva. Más recientemente, se procedió a la captura del abogado Joseba Angulo, hace unos días entregado por Francia. Este abogado actuaba como el «embajador» de ETA ante las autoridades de Cuba y Venezuela. En este último país acordó con el régimen chavista que se indemnizara a un etarra porque el anterior Gobierno de Caracas había decidido su extradición a España. Asimismo, pactó con Chávez que se otorgara la nacionalidad venezolana a otros cuatro terroristas para impedir su entrega a la Audiencia Nacional. También representaba los intereses de la banda en Cabo Verde y países de Europa. El operativo se mantiene abierto y, dada su trascendencia, tal y como pusieron de manifiesto ayer fuentes de la lucha antiterrorista, podría abrir nuevas vías de investigación.

La operación ha confirmado también que en en estos tiempos de «vacas flacas», ETA recicla pistoleros ya «quemados», como José Domingo Aizpurúa, «Pitxas», José Luis Gallastegi y Naia Zuriarrain, para utilizarlos en otras misiones de su complejo entramado, no menos importantes.