Juicioal exconsejero madrileño Francisco Granados - EFE

Granados defiende su patrimonio: «Si me hubieran preguntado dónde estaba el dinero, lo habría dicho»

El exconsejero de la Comunidad de Madrid niega el chivatazo de dos guardias civiles en el primer juicio de la trama Púnica

MadridActualizado:

Francisco Granados ha defendido por primera vez en un juicio oral el origen legal de su patrimonio, sobre el que planea la sombra de la corrupción. El antiguo consejero de la Comunidad de Madrid ha negado este miércoles que tenga fondos ocultos y ha justificado el dinero que acumuló como fondos de su actividad privada, a la que se dedicó entre 1993 y 1999, antes de llegar a la política.

«Si me hubieran preguntado dónde estaba el dinero, lo hubiera dicho», ha alegado Granados, quien ha declarado por primera vez como acusado en la vista oral que enjuicia el supuesto chivatazo de dos guardias civiles sobre la operación Púnica. Esta causa investiga una trama de corrupción local y regional y provocó la permanencia en prisión preventiva de Granados durante dos años y siete meses, para evitar que entorpeciera la investigación y que alejara sus fondos de la justicia. Una de las razones que alegó para mantenerle en la cárcel el juez Eloy Velasco, el primer instructor del caso, era que Granados escondía un gran patrimonio.

En el interrogatorio de su abogado, el exconsejero de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular ha recordado que reconoció en su primera declaración, el 31 de octubre de 2014, que tuvo una cuenta en Suiza, hasta el año 2005 y cuyos fondos repatrió después a España. «Es un dinero lícito, no tengo nada fuera de España, ni lo tenía en ese momento. No tenía nada que regularizar, ni lo pensé», ha asegurado Granados, que ha señalado que la única medida que tomó cuando supo que era investigado fue dimitir de senador.

Contundente en sus respuestas, el que fuera la mano derecha de Esperanza Aguirre ha negado el chivatazo del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, por lo que la Fiscalía pide para él tres años de prisión por revelación de secretos. Según Granados, Talamino le comentó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «estaba trabajando en Valdemoro y en Pinto», sin más concreción. El exconsejero ha insistido en que Talamino no le reveló «absolutamente nada más que ese comentario tan inocuo».

También ha asegurado que José Manuel Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y también acusado por el chivatazo, no le transmitió más información. «Le pregunté a Caro Vinagre por su relación de amistad con Talamino. Le hubiera preguntado igual si fuera bombero o Fontanero», ha señalado Granados. Talamino y Caro Vinagre, quienes también se enfrentan a tres años de prisión por estos hechos, negaron ayer el supuesto soplo.

Contra Marjaliza

En un interrogotario interrumpido y tenso de la Fiscalía, Granados ha rechazado que diera órdenes a ambos guardias civiles para contrastar que la justicia le seguía los pasos. El Ministerio Público considera que Talamino reveló a Granados que la UCO había colocado una cámara frente a unas oficinas de Pinto en las que trabajaba David Marjaliza, socio de Granados y el otro principal imputado de la trama Púnica. Anticorrupción sostiene que el exconsejero pidió a Caro Vinagre, a quien fichó en 2007 como asesor en la Comunidad de Madrid, que averiguase si era cierta la investigación, sobre la que le habían preguntado varios periodistas.

En su primera declaración como acusado, Granados ha cargado contra Marjaliza, su antiguo socio y amigo de la infancia y considerado el cerebro de la Púnica. El exconsejero ha enumerado las medidas que tomó Marjaliza cuando, gracias a sus contactos particulares, descubrió que estaba siendo investigado. «Hasta fue a ver a una pitonisa para que le diga si lo de la Audiencia Nacional va a terminar bien». Marjaliza, supuestamente arrepentido y colaborador con la justicia, ha confesado gran parte de las acusaciones de la Fiscalía, lo que ha acorralado a Granados. El exconsejero ha rechazdo este miércoles que fueran socios.

Anticorrupción acusa a ambos de liderar una red de corrupción local y regional que vulneró todas las normas administrativas para corromper las adjudicaciones públicas en municipios de Madrid, Murcia y León, y enriquecerse ilícitamente a costa de dinero público.